En marzo del 2022, las autoridades de El Salvador impusieron un estado de excepción para contener la creciente delincuencia y violencia generada por las pandillas que asedian al país. Un año después, esta medida parece haber brindado a las comunidades una codiciada sensación de seguridad, pero a costa de derechos humanos fundamentales.

Reconocido en la Constitución salvadoreña para responder a circunstancias extremas como guerra, rebelión, sedición o disturbios graves al orden público, el decreto permitió la suspensión de los derechos a la libertad de circulación, expresión y asociación, y amplió las detenciones legales de 72 horas a 15 días sin posibilidad de defensa legal. Hasta marzo del 2023, más de 66 000 salvadoreños han sido encarcelados sin debido proceso y más de 100 personas han muerto bajo custodia estatal.

Las autoridades hondureñas también han recurrido a estas duras medidas gubernamentales – todavía vigentes – para contener los crecientes niveles de extorsión. Los resultados han sido decepcionantes y no existe información pública disponible para analizar mejor las consecuencias.

A medida que la situación en El Salvador llama la atención internacional por una supuesta reducción de la violencia criminal, el próximo informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) analiza y compara los efectos del estado de excepción en ambos países.

Las respuestas punitivas empleadas en el pasado para controlar la criminalidad en Centroamérica han demostrado que, aunque producen resultados a corto plazo, sus efectos no son sostenibles a largo plazo. Abordar las causas profundas de la violencia y el crimen, como lo son la corrupción y la impunidad, y proporcionar soluciones a problemas estructurales, incluyendo mejores oportunidades educativas y laborales para las y los jóvenes, son algunas de las políticas públicas que las autoridades deberían priorizar en lugar de imponer políticas de mano dura. Aunque es necesario reforzar las instituciones de seguridad y justicia en la región, los derechos humanos fundamentales también deben defenderse.

El informe, escrito por Celia Medrano, periodista salvadoreña y experta en derechos humanos; Andreas Daugaard, de la Asociación para una Sociedad más Justa, el capítulo hondureño de Transparency International; y Guillermo Vázquez, analista principal de GI-TOC, estará disponible en abril en inglés y español.

Si te gustaría cubrir este tema o platicar con los autores, escribe a latam@globalinitiative.net.


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