Dino Bouterse sits in jail, facing a formidable set of charges. According to prosecutors he traffics drugs, smuggles weapons, and openly consorts with terrorists. While lurid, the case would hardly be notable, save for who Dino Bouterse is and where he is being charged. Mr. Bouterse is the son of President Desi Bouterse of Suriname. While his crimes took place in Suriname, he effectively enjoyed immunity from prosecution there. It wasn’t until he was lured to Panama that he could be arrested, extradited, and put on trial in the United States.

Dino Bouterse is far from unique. Throughout the world, the relatives of heads of state have been caught consorting with transnational organized crime. The association is often mutually beneficial. A key challenge for organized crime groups is to identify how best they can avoid enforcement of the law. Frequently, this leads them to bribe local security and justice officials on a large. However, it is far more efficient to bribe one high-level individual who enjoys the ability to impact government policy more broadly. The friends and family of a State’s leader can often have such an impact, especially in states in which the Executive wields absolute or a large degree of control.

More rarely, relatives of a head of state engage directly in organized crime. Dino Bouterse fell into this category, reportedly conspiring to import cocaine to the United States. A more notorious example is Rifaat Al-Assad, the younger brother of former Syrian President Hafaz Al-Assad, who was reportedly deeply involved in drug trafficking and car theft in the 1980s and 1990s. The rational behind this engagement in the illicit involves a mix of opportunity and reward. The obvious opportunity involves the inviolability these individuals, their position rendering them capable of evading legal responsibility for their acts. In some cases, as with Rifaat Al-Assad, their influence enables them to employ state resources to further their criminal endeavors. Collusion with or engagement in organized crime can be financially lucrative for the relatives of government leaders, enabling them to profit from their government ties, even if they do not receive a formal government salary.

The international community is challenged in its attempts to hold individuals such as Mr. Al-Assad or Mr. Bouterse accountable. They enjoy both effective immunity from prosecution and extradition in their home countries. Diplomatic concerns may also effectively stymie international efforts at prosecution. However, as Dino Bouterse’s case shows, when international will exists the relatives of heads of state can still be held accountable for their actions.

Illicit enterprises are certainly not the only entities to leverage family members of a national leader to gain a business edge. Teodoro Nguema Obiang Mangue, son of Equatorial Guinea’s President, reportedly pocketed large bribes from foreign timber companies seeking to operate in the country. In Guinea (Conakry), the wife of General Lansana Conté, the nation’s former leader, reportedly assisted a small international mining company in gaining access to highly profitable iron deposits. Licit businesses do not pay under duress, but rather because they crave access and advantage over their competitors.

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Viva el Rey (y páguenle un soborno a su sobrino)

Dino Bouterse está en prisión por una impresionante cantidad de cargos. Según los fiscales, Bouterse trafica drogas, está involucrado en el contrabando de armas, y tiene relación directa con terroristas. Aunque algo escabroso, el caso no llamaría la atención excepto por quien es Dino Bouterse y en donde está siendo procesado. Bouterse es el hijo del Presidente Desi Bouterse de Surinam. Aunque los delitos fueron cometidos en Surinam, él goza de inmunidad de procesamiento en ese país por lo que fue necesario atraerlo a Panamá para que efectivamente pudiera ser arrestado, extraditado y juzgado en los Estados Unidos.

El caso de Dino Bouterse dista de ser un evento aislado. En todas partes del mundo existen casos en los que familiares de jefes de estado han sido detenidos por estar asociados a la delincuencia transnacional organizada. Esta asociación genera normalmente beneficios mutuos. El principal desafío para los grupos criminales organizados es identificar la mejor manera de evadir la ley. En muchas ocasiones, esto los lleva a sobornar a varios oficiales de policía o funcionarios de justicia locales. No obstante, resulta mucho más eficiente sobornar a un individuo que goce de mayor poder e influencia sobre el gobierno. Los amigos y familiares de líderes de estado suelen tener esa influencia, especialmente en estados en los cuales el Ejecutivo tiene autoridad absoluta o un alto nivel de control.

Es menos frecuente que los familiares de un jefe de estado estén directamente involucrados en la delincuencia organizada. Sin embargo, Dino Bouterse cae en esta categoría ya que, según se ha informado, ha asistido en la importación de cocaína a los Estados Unidos. Un ejemplo más infame es el de Rifaat Al-Asaad, el hermano menor del ex Presidente sirio Hafaz Al-Assad, quien se dice que estuvo profundamente involucrado en el narcotráfico y en el robo de vehículos en las décadas de 1980 y 1990. La lógica que se esconde detrás de la participación en actividades ilícitas implica una mezcla de oportunidades y recompensas. La oportunidad más clara es la inmunidad de estos individuos, su capacidad de evadir responsabilidades legales por sus actos debido a los cargos públicos que ocupan. En algunos casos, como en el de Rifaat Al-Assad, su influencia les permite emplear recursos estatales para promover sus objetivos criminales. La complicidad o la participación con organizaciones clandestinas puede ser un negocio redituable para los familiares de los líderes de gobierno, permitiéndoles lucrar de sus conexiones políticas, incluso si no son empleados formales del gobierno.

La comunidad internacional tiene el desafío de intentar llevar a la justicia a individuos como Al-Assad o Bouterse, que gozan de inmunidad de arresto y extradición en sus países. También pueden existir intereses diplomáticos que obstaculicen los esfuerzos internacionales para el procesamiento penal. No obstante, el caso de Dino Bouterse demuestra que cuando existe voluntad internacional, los familiares de los jefes de estado también pueden ser exigidos a dar cuenta de sus actos.

Con certeza, las empresas ilícitas no son la única entidad por la cual los miembros de la familia de un líder nacional pueden obtener una ventaja financiera. Según se ha informado, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del Presidente de Guinea Ecuatorial, ha aceptado grandes sobornos de empresas madereras extranjeras con intenciones de operar en el país. En Guinea, más precisamente en Conakry, la esposa del General Lansana Conté, ex líder de esta nación, parece haber ayudado a una pequeña empresa minera internacional a conseguir acceso a depósitos de hierro altamente redituables. Los negocios lícitos no pagan sólo porque están bajo presión, más bien lo hacen porque ansían tener acceso y ventaja sobre sus competidores.

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