Importantes zonas de Centroamérica soportan niveles persistentemente altos de inseguridad y violencia social. Las organizaciones transnacionales de narcotraficantes y las pandillas locales se aprovechan de la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia, de la corrupción sistémica y de la insatisfacción derivada del bajo desarrollo socioeconómico.

Según el Índice global de crimen organizado 2021, Centroamérica es la región del mundo con peores resultados en materia de criminalidad. La extorsión de empresas y comunidades por parte de pandillas y redes criminales es un factor clave de esta mala clasificación. Para hacerles frente, las autoridades de El Salvador y Honduras han aplicado políticas de «mano dura» punitivas (y de estilo populista).

En marzo del 2022, las autoridades de El Salvador impusieron un estado de excepción para contener la creciente delincuencia y violencia generada por las pandillas que asedian al país. A más de un año de su implementación, esta medida parece haber brindado a las comunidades del país una codiciada sensación de seguridad, pero a costa de derechos humanos fundamentales: hasta abril del 2023, más de 67 000 salvadoreños han sido encarcelados sin debido proceso y más de 100 han muerto bajo custodia estatal.

Por su parte, las autoridades hondureñas también han recurrido a estas duras medidas gubernamentales – todavía vigentes – con resultados decepcionantes y sin información pública disponible para analizar mejor las consecuencias.

A medida que la situación en El Salvador gana atención internacional por una supuesta reducción de la violencia criminal, este informe analiza y compara los efectos del régimen de excepción en ambos países.

Manifestantes piden la libertad de sus familiares encarcelados, San Salvador, marzo del 2023. Las organizaciones de derechos humanos afirman que un porcentaje significativo de los salvadoreños encarcelados podría estarlo injustamente. © Camilo Freedman/SOPAImages/LightRocket a través de Getty Images

Las respuestas punitivas empleadas en el pasado para controlar la criminalidad en Centroamérica han demostrado que, aunque producen resultados a corto plazo, sus efectos no son sostenibles a largo plazo. Abordar las causas profundas de la violencia y el crimen, como lo son la corrupción y la impunidad, y proporcionar soluciones a problemas estructurales, incluyendo mejores oportunidades educativas y laborales para los y las jóvenes, son algunas de las políticas públicas que las autoridades deberían priorizar en lugar de imponer políticas de mano dura. Aunque es necesario reforzar las instituciones de seguridad y justicia en la región, también es necesario promover y defender, al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos.


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