En febrero de 2013, cientos de habitantes armados se reunieron en el corazón de la región de Tierra Caliente. Se autodenominaron «Autodefensas de Michoacán» y afirmaron que combatirían y acabarían con los Caballeros Templarios, una organización criminal que dominaba la mayor parte del estado.

Diez años después de que las autodefensas se alzaran para restablecer la paz y la seguridad, Michoacán sigue siendo una zona crucial para la importación y el tráfico de cocaína, la producción de metanfetaminas y la extorsión a empresas locales así como a agroindustrias de exportación multibillonarias, como las de producción de limón, frutos rojos y aguacate. Durante esta década, la región se ha mantenido entre las cinco más violentas de México, con una tasa de homicidios de 51 por cada 100 000 habitantes en 2022, además de ocupar el primer lugar en desplazamiento forzado interno en 2021, con 13 515 personas desplazadas.

¿Cómo ha evolucionado el panorama de violencia en Michoacán en la última década? ¿Por qué se han multiplicado los grupos de autodefensa? ¿Qué relación tuvieron con grupos delictivos y autoridades públicas? ¿Qué papel desempeñan en la gobernanza de regiones históricamente marcadas por la guerra contra el narcotráfico?

Para responder a estas preguntas, el informe examina los procesos que condujeron a un diálogo entre los líderes civiles armados y el Gobierno federal, pero también cómo los primeros se han convertido en actores políticos que controlan el acceso a recursos estratégicos, mercados económicos lícitos e ilícitos y las redes que conectan a los ciudadanos con las autoridades públicas.

En la última década, la economía política de la violencia no ha seguido una trayectoria lineal. Este informe identifica cuatro fases que han configurado la situación actual en Michoacán. Primero, la creación y expansión de las autodefensas, su lucha contra los Templarios y su eventual institucionalización parcial como parte de la Fuerza Rural, entre 2013 y 2015. Segundo, una etapa entre 2015 y 2018 en la que el poder se consolidó en manos de líderes que habían acumulado recursos y control sobre los mercados lícitos e ilícitos gracias a su participación en las autodefensas. Tercero, un periodo de ruptura violenta de alianzas entre los grupos criminales dominantes, que desembocó en el enfrentamiento entre los Cárteles Unidos con el CJNG, un episodio que los habitantes de Michoacán ahora llaman «la guerra», entre 2019 y 2022. Por último, el actual periodo de aparente estabilidad y tensiones subyacentes en la parte rural del estado, mientras que la violencia urbana ha disparado la tasa de homicidios en Michoacán.

Basado en 10 años de investigación y trabajo de campo, Diez años de vigilantes: Las autodefensas mexicanas, plantea tres ideas clave:

• A pesar de la eficiencia y legitimidad de las cuales puedan gozar ciertos grupos de autodefensas, la seguridad pública no puede quedar en manos privadas.
• Al fallar en la institucionalización y sostenibilidad de las estrategias de seguridad pública, las autoridades indirectamente contribuyen a la consolidación de líderes informales.
• Los acuerdos informales entre autoridades públicas y líderes locales tienen consecuencias políticas graves, alimentando inestabilidad crónica y largos ciclos de violencia y contribuyen a limitar o cerrar los espacios políticos abiertos para la participación y movilización ciudadanas.

Ten years of vigilantes

The Mexican autodefensas

In February 2013, a couple hundred armed men gathered in the heart of the Tierra Caliente region in western Mexico. They called themselves Autodefensas de Michoacán (Self-Defence Forces of Michoacán) and asserted that they would combat and wipe out the Caballeros Templarios or ‘Templarios’ (the Knights Templar Cartel), a criminal organization that dominated most of the state.

However, 10 years after the autodefensas arose to re-establish peace and security, Michoacán remains a crucial region for cocaine import and trafficking, methamphetamine production, and extensive extortion and protection rackets targeting local businesses as well as multibillion-dollar export agricultural industries such as lime, berries and avocado production. Michoacán has remained one of the five most violent states in Mexico, with a homicide rate of 51 per 100 000 inhabitants in 2022, and in 2021 became the state with the highest rate of internal forced displacement in the country, with a total of 13 515 displaced persons.

How has the landscape of violence in Michoacán evolved over the last decade? Why have vigilante groups multiplied? How closely tied are they to criminal groups and public authorities? What role do they play in regulating violence and governing regions historically marked by the war on drugs?

To answer these questions, the report examines the processes that led to a dialogue between armed civilian leaders and the Mexican federal government but also how the former have become crucial political bosses who control accesses to strategic resources, licit and illicit economic markets and the networks that connect citizens with public authorities.

Over the past decade, the political economy of violence has not followed a linear trajectory. This report identifies four phases that have shaped the current situation in Michoacán. First, the creation and expansion of the autodefensas, their fight against the Templars and their eventual partial institutionalization as part of the Fuerza Rural, between 2013 and 2015. Second, a subsequent stage in which control was consolidated in the hands of those leaders who had accumulated resources and control over licit and illicit markets thanks to their involvement in the autodefensas between 2015 and 2018. Third, a period of violent break up of alliances among dominant criminal groups (pitting the United Cartels against the CJNG), which led to what locals now call ‘the war’, between 2019 and 2022. And, finally, the current period of apparent stability and underlying tensions in the rural part of the state, while urban violence has driven the Michoacán homicide rate up.

Reflecting on the past 10 years, our latest report, Ten years of vigilantes: The Mexican autodefensas, poses three key findings:

• Despite the efficiency and legitimacy that some autodefensa groups may enjoy, public security cannot be left in private hands.
• By failing to institutionalize and sustain public-security strategies, authorities indirectly contribute to the consolidation of informal leaders.
• Informal agreements between public authorities and local leaders have serious political consequences, fuelling chronic instability and long cycles of violence, but they also limit political spaces to other forms of citizen participation.