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Frustrated with the insider trading and violent behaviors similar to those described in Brazil, a senator from the Philippines has been actively campaigning for his country to bring back the death penalty.

Thirty-three countries have capital drug laws on their books, and in thirteen, the sentence is mandatory. Up until recently, the use of the death penalty for drug offences was thought to be on the decline – but 2014 appears set to reverse this trend. This January Saudi Arabia beheaded a Pakistani national for trafficking in heroin; China executed a further two men for heroin trafficking in the southern province of Hainan. And in Vietnam’s largest trial ever, 89 people were sentenced on drug offences, and 30 were given the death penalty. Amnesty International estimated eighty percent of the approximately 600 people sitting on Vietnam’s death row are now there on drug charges, and drug charges make up the majority of capital sentences handed down globally.

United Nations human rights instruments increasingly indicate that capital punishment for drug offences is a practice that is in violation of international human rights law. However, the three core UN drug control treaties say nothing specific about drug penalties, but instead recommend that “particularly serious crimes” attract commensurate penalties. Which should be held predominant remains hotly contested, and leaves the grey area which permits the continued use of the death penalty in drug sentencing. Where a contrast is interesting, a migrant smuggler who killed 90 people off the coast of Java was recently sentenced to only 7 years imprisonment and a $65,000 fine.

The death penalty is one tool in the fight against organized crime, intending to serve as a harsh warning and deterrent to engage in the drug trade. The extent to which it is effective is debatable. But in 2003, the International Narcotics Control Board (INCB) acknowledged that in fact the use of the death penalty can serve as an impediment to the prosecution of drugs cases, as it serves as a disincentive for international mutual legal assistance, extradition and transfer between States where national legislation on the use of capital punishment differs.

The 2011 report of the Global Commission on Drugs argues strongly for the need for continued flexibility for national jurisdictions to apply the Conventions as appropriate to their own circumstances – which means both the right to use the death penalty, but also to experiment with policies that promote harm reduction and legalization, such as Uruguay did with cannabis at the end of last year.

For more information, on the use of the death penalty in drugs offences, the 2012 Global Overview report from Harm Reduction International is a well-presented and reasonably objective look at where things stand.

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Crimen y Castigo: ¿pena de muerte para los delitos asociados a las drogas?

Frustrado con la comercialización local y los comportamientos violentos similares a los ocurridos en Brasil, un senador de Filipinas está haciendo campaña a favor de reinstalar la pena de muerte.

Existen treinta y tres países que aplican la pena capitale sobre los delitos relacionados con las drogas, y en trece de ellos la sentencia es obligatoria. Hasta hace muy poco, la aplicación de la pena de muerte sobre este tipo de delitos se creía en declive –pero 2014 parece revertir esta tendencia. En enero de este año, Arabia Saudita decapitó a un ciudadano pakistaní acusado de traficar heroína; China ejecutó a dos hombres también por tráfico de heroína en la provincia de Hainan. Y en Vietnam, en el mayor juicio de la historia, 89 personas fueron sentenciadas por delitos asociados a las drogas, de las cuales 30 de ellas recibieron condena de muerte. Amnistía Internacional estima que el 80% de las aproximadamente 600 personas que esperan en fila su sentencia de muerte en Vietnam están ahí por estar vinculados a delitos sobre drogas, los cuales constituyen la mayor parte de las penas capitales a nivel global.

Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas indican que la pena de muerte aplicada a delitos asociados con las drogas violan las leyes internacionales de derechos humanos. No obstante, ninguno de los tres tratados principales de la ONU sobre el control de drogas hace mención alguna sobre las penas que estos delitos pueden recibir, en cambio recomiendan que los “delitos particularmente graves” merecen condenas proporcionales. Cuál de los tres tratados debe prevalecer sigue siendo discutido, y deja una laguna que permite el uso continuo de la pena capital sobre este tipo de delincuentes. Un contraste interesante: un inmigrante partícipe de contrabando que asesinó a 90 personas en la costa de Java fue recientemente sentenciado a sólo 7 años de prisión y una multa de $65.000.

La pena capital es una herramienta en la lucha contra el crimen organizado, cuyo objetivo es servir como una dura advertencia y un elemento disuasivo contra la participación en delitos relacionados con el comercio ilegal de estupefacientes. Su grado de efectividad es discutible. Pero en el año 2003, el Consejo Internacional para el Control de Narcóticos reconoció que la utilización de la pena de muerte puede servir como un impedimento en el procesamiento de causas relacionadas con la materia, ya que desalienta la asistencia legal internacional, la extradición y el traslado entre Estados con diferencias en la aplicación de las sentencias.

El informe de 2011 de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas hace énfasis sobre la necesidad de una flexibilidad continua por parte de las jurisdicciones nacionales en aplicar lo establecido en la Convención de la manera más apropiada según las circunstancias -lo que abarca tanto el derecho a aplicar la pena capital, como también a experimentar con políticas que promuevan la reducción del daño y la legalización, tal como Uruguay hizo respecto del cannabis a fines del año pasado.

Para más información sobre el uso de la pena de muerte en delitos asociados a las drogas, el informe de 2012 publicado por Harm Reduction International presenta una buena mirada bastante objetiva sobre esta realidad.