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The OECD launched their “States of Fragility Report 2015” this month in Paris.  This was the latest iteration of the Fragile States Reports that the OECD has been publishing for the last ten years, and which provided the interesting but controversial “Fragile States List,” which ranked countries and economies in fragility and conflict.

This year, the OECD had made a significant departure from their usual methodology, which, instead of putting forward one unified list, has moved towards a more multi-dimensional framework for fragility, over five metrics: violence, justice, institutions, economic foundations, and resilience.  Countries are thus classified on how they rank depending on two or more of these metrics, which has brought a number of new players into the fragility debate.

The Global Initiative against Transnational Organized Crime was asked to serve as the civil society respondent on the launch panel, as it was recognised that the new framework has made the analysis much more sensitive to the detrimental impact of organised crime on government and development.

What the States of Fragility Report 2015 has made clear, is that income is no predictor of fragility.  Transnational threats such as organized crime and terrorism have served as a leveller across states, affecting high income, middle income and lower income states equally.  Transnational organized crime also ties states together, demanding shared responses and shared responsibility to control the flows and mitigate the impact.

The report clearly demarcates the shift of issues like organized crime and terrorism from a “hard security” space, into the domain of development.  As the Global Initiative input report to the post-2015 agenda, “Organized Crime as Cross-Cutting Threat to Sustainable Development,” concluded, organized crime is increasingly being recognised as both having development roots, and requiring development solutions.

Despite being called the “States of Fragility” report, in fact this publication also highlights the need to take a less state-centric approach and instead to ensure analysis is developed both on a regional level, but also at a community level.  Poverty, inequality, and fragility are not experienced equally across a state, and marginalisation of certain groups creates the foundation for criminal networks, insurgent and terrorist movements to take root and flourish.  Localised instability spreads both national and regionally, and has significant corrosive effects.

The Niger Delta conflict is a pertinent example: the conflict arose out of resource diversion by corrupt state institutions, and widespread oil theft was a result.  The entrenchment of criminal networks to facilitate bunkering, and sophisticated corruption and protection networks have developed around the trade.  These networks have solidified into entrenched and protracted criminality, both on land, but also at sea.  The rising incidences of armed robbery and piracy in the Gulf of Guinea is largely attributed to the failure to regulate the illicit oil economy.

All of these observations suggest that it is time to rethink the way that official development assistance (ODA) is being delivered.  Again, the case of Nigeria is striking: despite having a GDP of $522 billion, the populous nation has been on the OECD fragile states list every year since its inception, and some key development indicators are moving in the wrong direction.  The country is the highest recipient of ODA globally, yet aid represents less than 0.5% of GDP, and pales in comparison to the estimated $2-3 billion that the country loses each year due to oil theft and there has been little apparent political will to address the problem.  Are OECD countries using their development investments well to leverage gains in development, institutional capacity building, community resilience, human rights and the rule of law?

One area where ODA could potentially be better leveraged, and an area which the States of Fragility notes is under-resourced, are those initiatives which help build state legitimacy, strengthening bonds between citizens and the state.  Regime changes – both constitutional and unconstitutional – have proven themselves both a point of opportunity and of vulnerability.  Funding electoral processes makes political integrity susceptible to the influence of illicit funding and the penetration of criminal networks.  But elections also offer an opportunity to create new compacts between government and the population.  Studies have shown this is less about social service delivery, but particularly in highly fragile contexts, the provision of livelihoods and security are key to communities.

As an identified multi-dimensional driver of fragility across all of the categories featured in the new analytical framework for the States of Fragility, could organized crime be the theme of next year’s report?

Estados de Fragilidad: la delincuencia organizada como impulsor de la fragilidad

La OCDE publicó este mes en París su informe de 2015 sobre “Estados de Fragilidad”. Esta fue la iteración más reciente de los Informes sobre Estados Frágiles que la OCDE ha venido publicando durante los últimos diez años, y que ofrece una lista interesante pero polémica de Estados frágiles, la cual ordena los países y a las economías frágiles y en conflicto.

Este año, la OCDE ha introducido cambios significantes en su metodología de evaluación, en la que, en vez de presentar una lista universal, ha desarrollado un marco más multidimensional, sosteniéndose en cinco métricas: violencia, justicia, instituciones, fundamentos económicos, y resiliencia. El orden en que se presentan los países depende entonces de dos o más de estas métricas, que han traído nuevos jugadores al debate sobre fragilidad.

The Global Initiative against Transnational Organized Crime fue invitada a participar en el panel como representante de la sociedad civil, ya que se reconoce que el nuevo marco ha hecho el análisis mucho más sensible al impacto perjudicial que genera la delincuencia organizada sobre los gobiernos y el desarrollo.

Lo que Estados de Fragilidad ha dejado en claro es que el nivel de ingresos no es un indicador de fragilidad. Las amenazas transnacionales como el crimen organizado y el terrorismo han servido como un nivelador entre los Estados, afectándolos igualmente independientemente de su nivel de ingresos. La delincuencia transnacional organizada también une a los Estados y exige respuestas conjuntas y responsabilidades compartidas orientadas a controlar los flujos y mitigar el impacto.

El informe demarca claramente el cambio en la atención de asuntos como la delincuencia organizada y el terrorismo desde la órbita de la seguridad al dominio del desarrollo. Tal como concluyó el informe de Global Initiative sobre la agenda post 2015, “Organized Crime as Cross-Cutting Threat to Sustainable Development“, hay un reconocimiento creciente de que la delincuencia organizada tiene raíces en el desarrollo, y que exige soluciones del sector de desarrollo.

A pesar de que el informe se titula “Estados de Fragilidad”, en realidad esta publicación también subraya la necesidad de emplear estrategias menos centradas en los Estados y de garantizar, en cambio, análisis tanto a nivel regional como a nivel comunidad. La pobreza, la desigualdad y la fragilidad no se viven del mismo modo entre los distintos Estados, y la marginalización de ciertos grupos crea los cimientos para que las redes criminales, y los movimientos insurgentes y terroristas echen raíces y afloren. La inestabilidad localizada se esparce tanto nacional como regionalmente, y trae consigo efectos corrosivos importantes.

El conflicto en el Delta del Níger es un ejemplo pertinente: el mismo surgió por el desvío de recursos por parte de instituciones estatales corruptas, y el crecimiento de robo de petróleo fue un resultado. Alrededor del comercio, se han consolidado redes criminales para facilitar la venta de crudo a barcos, y se han desarrollado redes sofisticadas de corrupción y protección. Estas redes se han solidificado y han dado lugar a una delincuencia consolidada y extendida, tanto por tierra como por mar. Las crecientes incidencias de robo de armas y piratería en el Golfo de Guinea son atribuidas en gran parte al fracaso en la regulación de la economía ilícita de petróleo.

Todas estas observaciones sugieren que es momento de repensar la forma en que se está distribuyendo la ayuda oficial para el desarrollo (ODA). Nuevamente, llama la atención el caso de Nigeria: a pesar de tener un PBI de $522 mil millones, la populosa nación ha estado en la lista de la OCDE de Estados frágiles todos los años desde su comienzo, y algunos indicadores de desarrollo centrales están moviéndose en la dirección equivocada. El país es el que más ODA recibe a nivel mundial, aun así la asistencia representa menos del 0.5% del PBI, que palidece en comparación con las pérdidas anuales del país, estimadas en $2-3 mil millones debido al robo de petróleo, y parece existir escasa voluntad política para hacerle frente a este problema. ¿Están los países de la OCDE utilizando bien sus inversiones en desarrollo para apalancar las ganancias en materia de desarrollo, creación de capacidad institucional, resiliencia comunitaria, derechos humanos y justicia?

Un campo en donde la ODA podría ser mejor empleada, en donde el Informe sobre Estados de Fragilidad señala que existen pocos recursos, es en aquellas iniciativas que ayudan a construir legitimidad estatal, a fortalecer los lazos entre los ciudadanos y el Estado. Los cambios en los regímenes – tanto constitucionales como inconstitucionales – han probado ser un punto de oportunidad y también de vulnerabilidad. El financiamiento de procesos electorales hace que la integridad política sea susceptible a la influencia de fondos ilícitos y a la penetración de redes criminales. Aun así, las elecciones ofrecen una oportunidad para crear nuevos acuerdos entre el gobierno y el pueblo. Estudios han demostrado que para las comunidades es menos importante el servicio social que la provisión de sustento y seguridad, particularmente en contextos de mucha fragilidad.

La delincuencia organizada fue identificada como una impulsora de la fragilidad en todas las categorías presentadas en el nuevo marco de análisis en el informe de la OCDE sobre fragilidad, ¿podrá entonces ser el tema central del informe del próximo año?