México se prepara para las mayores elecciones generales de su historia, en las que se espera que voten 97 millones de personas el 2 de junio del 2024. Aunque el país no es ajeno a la violencia electoral, actualmente se enfrenta a una nueva oleada de ataques por motivos políticos. Desde junio del 2023, más de 80 personas han sido asesinadas (de las cuales 34 eran candidatos a cargos públicos) y 17 han sido secuestradas. Este patrón de violencia hacia aspirantes políticos y funcionarios electorales, impulsado por el crimen organizado, sigue atentando contra la integridad de la democracia mexicana.

Según el Índice global de crimen organizado 2023, México ocupa el tercer lugar mundial en cuanto a niveles de crimen organizado. Las redes criminales ejercen un fuerte control sobre el país y explotan a las instituciones del Estado mediante sobornos e intimidación. Estas redes están implicadas en mercados criminales que van desde el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas hasta los secuestros, la extorsión y delitos contra el medioambiente. Sin embargo, las organizaciones criminales más poderosas han trascendido estos mercados criminales y se han adentrado en otras áreas de toma de decisiones como la esfera política, donde la corrupción institucional permite que estos grupos se apoderen de estas áreas.

La diversificación hacia nuevos mercados ilícitos como resultado de las nuevas regulaciones sobre el cannabis y la creciente demanda de fentanilo en Estados Unidos, junto con el aumento del consumo de metanfetamina en México, ha tenido grandes consecuencias en el panorama del crimen organizado mexicano. Los cárteles del narcotráfico han evolucionado hacia empresas criminales locales dedicadas al robo de petróleo, la extorsión, los asesinatos por encargo y los secuestros, actividades que requieren un estrecho control territorial. Como consecuencia, la política local se ha convertido en un factor clave de sus operaciones.

A su vez, los efectos de la transición democrática en México, que comenzó en el año 2000 con el primer cambio de partido desde la Revolución mexicana de 1910, siguen transformando el panorama político. Hace una década, la política local estaba mucho menos disputada que ahora. Hoy en día, con más actores y mayores intereses económicos impulsados por el creciente comercio internacional, la competencia política local ha aumentado. La violencia se utiliza para ejercer el poder, intimidar, silenciar y manipular los resultados políticos. Los candidatos y los trabajadores electorales pueden ser atacados por la oposición (incluso rivales dentro de su propio partido) o por redes criminales, que utilizan la violencia para presionar a los candidatos a que cumplan sus órdenes o para intimidar a los votantes. Los favores de un gobernante municipal pueden facilitar el transporte, el acceso territorial, los alquileres o los contratos, perpetuando así la impunidad de estas redes criminales.

Sinaloa en el punto de mira

Aunque los grupos criminales están presentes en todo el país, su control sobre el estado de Sinaloa es particularmente preocupante. Según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del 2023, el 50 % de los sinaloenses se sienten inseguros y consideran este problema el más importante del estado. Esto se debe en gran medida a la historia del narcotráfico en Sinaloa, ya que el estado es sede de uno de los cárteles más poderosos del mundo, el Cártel de Sinaloa. Durante la campaña electoral, en el estado se han cometido asesinatos, secuestros, atentados y amenazas contra periodistas, candidatos y funcionarios electorales. Sinaloa se encuentra hoy entre los estados prioritarios para el Gabinete de Seguridad Nacional por la posible violencia durante la jornada electoral.

Treinta y seis candidatos sinaloenses ya han abandonado sus campañas por motivos de seguridad, otros 19 han reportado al Instituto Nacional Electoral temor a la violencia y tres están siendo atendidos con protección.

A nivel nacional, se han denunciado casi 300 casos de violencia en este ciclo electoral. Este clima violento ha provocado un aumento de las solicitudes de protección federal (pasando de 250 a 360 en una sola semana en abril), con 492 solicitudes de protección actualmente siendo atendidas. Los candidatos a cargos de Gobierno local están particularmente en riesgo: el 77 % de los candidatos municipales en México fueron víctimas de la violencia entre 2018 y 2023, y se registraron 836 ataques.

Este patrón de violencia se repite en cada ciclo electoral, evidenciando el poder y la impunidad del crimen organizado en el país. Durante las últimas elecciones en 2021, nueve operadores electorales fueron secuestrados en Culiacán y Badiraguato, cuidades sinaloenses, incluido el hermano de una de las candidatas a la alcaldía de Badiraguato, que abandonó inmediatamente la contienda.

Democracia en peligro

Que en los últimos años haya una creciente propensión a la violencia política y electoral en México indica cómo el crimen organizado se está infiltrando cada vez más en el aparato del Estado e influyendo en la toma de decisiones. En su intento por mantener el control de las entidades estatales que les permiten operar con impunidad, los grupos criminales intimidan y asesinan a candidatos, funcionarios públicos y a cualquier persona que se oponga a sus intereses. Esto deja al descubierto la incapacidad del Estado para garantizar la integridad de los candidatos y también de los ciudadanos, y señala las fallas en los mecanismos de protección a las víctimas, que a menudo carecen de fondos suficientes, no están bien gestionados y están plagados de corrupción.

Sinaloa es un ejemplo de cómo ha operado el crimen organizado en México durante décadas, introduciéndose en asuntos que van desde lo político a actividades cotidianas de las personas. Una estrecha monitorización del proceso electoral en el país, y en Sinaloa en particular, es clave para comprender mejor la relación entre las redes del crimen organizado y la esfera política. El derecho a elecciones pacíficas y justas es un pilar fundamental en la construcción de la democracia. Las autoridades locales y federales deben analizar los obstáculos que impiden la celebración de procesos electorales justos, y dar prioridad a la financiación y gestión de programas de protección a las víctimas. Para ser transparentes, esto debería hacerse en colaboración con organizaciones de la sociedad civil que conozcan las dinámicas locales del crimen organizado, y con el apoyo de la comunidad internacional.

La violencia electoral es un grave problema de seguridad en todo el mundo. Ya sea en México, Sudáfrica o Nigeria, por citar solo algunos ejemplos recientes, la infiltración de redes criminales en los procesos electorales contribuye a la inestabilidad, desafía la legitimidad del Estado y daña la confianza en la democracia. Esto, a su vez, debilita la resiliencia de los Estados y las comunidades ante el creciente poder del crimen organizado transnacional.

Fotografía: Element5 Digital on Unsplash

Sinaloa braces for more violence ahead of elections in Mexico

Mexico is preparing for the largest general election in its history, with 97 million people expected to vote on 2 June 2024. Although the country is no stranger to election-related violence, it is now facing a spate of politically motivated attacks. Since June 2023, over 80 people have been killed, of whom 34 were candidates for public office, and 17 kidnapped. This pattern of violence targeting political candidates and electoral officials, driven by organized crime, continues to undermine the integrity of Mexico’s democracy.

Mexico has the third highest level of organized crime in the world, according to the 2023 Global Organized Crime Index. Criminal networks have exerted extensive control over the country and exploited state institutions through bribery and intimidation. They are involved in criminal markets ranging from drugs, human and arms trafficking to kidnappings, extortion and environmental crime. However, well-established criminal organizations have moved beyond criminal markets into the political sphere, where corruption within state structures often allows these groups to take control.

The diversification to new illicit markets as a result of new cannabis regulations and increasing demand for fentanyl in the United States, in parallel with rising methamphetamine use in Mexico, has had a significant impact on Mexico’s organized crime landscape. Larger drug criminal organizations have evolved into local criminal enterprises involved in oil theft, extortion, contract killings and kidnapping for ransom ­­– activities that require tight territorial control. As a result, local politics have become a key factor in their operations.

At the same time, the effects of Mexico’s democratic transition, which began in 2000 with the first party change since the Mexican Revolution of the early 1910s, continue to reshape the political landscape. A decade ago, local politics were far less contested than they are today. Now, with more actors and heightened economic interests driven by increasing international trade, local political competition has intensified. Violence is used to exercise power, to intimidate, to silence and to manipulate political outcomes. Candidates and election workers may be attacked by opponents – sometimes rivals within their own party – or by organized crime networks, who use violence to coerce candidates to do their bidding or to intimidate voters. The favours of a municipal leader can facilitate transport, access to land, rents or contracts, thus perpetuating impunity.

Spotlight on Sinaloa

Although criminal groups are present throughout the country, their grip on the state of Sinaloa is particularly acute. According to a 2023 poll, half of Sinaloa’s population feel unsafe and consider insecurity to be the state’s most pressing problem. This can be largely traced to Sinaloa’s history of drug trafficking, as the state is home to one of the most powerful drug trafficking organizations in the world, the Sinaloa Cartel. In the run-up to the elections, the state has witnessed assassinations, kidnappings, attacks and threats against journalists, candidates for public office and electoral officials. It has now been declared one of the Mexican states most at risk of serious violence on election day.

Thirty-six candidates in the state have withdrawn from the ballot over security concerns. Another 19 have reported to the national electoral institute that they fear violent reprisals, and three are receiving official protection after reporting serious threats.

Across the country as a whole, nearly 300 cases of violence have been reported in this electoral cycle. This climate of violence has led to a surge in requests for federal protection (the number grew from 250 to 360 in one week in April), with 492 requests currently being processed. Candidates for local government office are particularly at risk: 77 per cent of municipal candidates in Mexico were victims of violence between 2018 and 2023, and 836 attacks were recorded.

These violent episodes are a pattern that recurs with each electoral cycle, highlighting the pervasive power and impunity of organized crime in the country. During the last elections in 2021, nine electoral officials were kidnapped in Culiacán and Badiraguato, cities in Sinaloa, including the brother of one of the candidates for mayor of Badiraguato, who immediately withdrew from the race.

Democracy at risk

That there is a growing propensity for political and electoral violence in Mexico in recent years indicates how organized crime is becoming increasingly enmeshed in the apparatus of the state and influencing decision-making. In their bid to maintain control of the levers of state entities that allow them to operate with impunity, criminal groups intimidate and assassinate candidates, public office holders and anyone who opposes their interests. This exposes Mexico’s inability to guarantee the integrity of candidates and citizens, and points to the failure of victim protection mechanisms, which are often underfunded, poorly managed and plagued by corruption.

Sinaloa is an example of how organized crime has operated in Mexico for decades, interfering in everything from politics to people’s daily activities. Close monitoring of the electoral process in the country, and in Sinaloa in particular, is key to gaining a better understanding of the relationship between organized crime networks and the political sphere. The right to peaceful and fair elections is a fundamental pillar in the construction of democracy. Local and federal authorities should deepen their understanding of the roadblocks to fair electoral processes, and prioritize the funding and management of victim protection programmes. To be transparent, this should be done in partnership with civil society organizations with an understanding of the local dynamics of organized crime, and with the support of the international community.

Election-related violence is a major security concern the world over. Whether in Mexico, South Africa or Nigeria, to name but a few recent examples, the involvement of criminal networks in electoral processes contributes to instability, challenges state legitimacy and undermines confidence in democracy. This, in turn, weakens the resilience of states and communities to the growing reach of transnational organized crime.

Photo by Element5 Digital on Unsplash