Abajo la versión en español

 “We’re polluting our own house and our own land. What are we going to drink?”

“You idiot. We’ll drink mineral water.”

Camorra Members discussing the dumping of toxic waste outside of Naples

A public health crisis is brewing in southern Italy. In the countryside around Naples, cancer rates have spiked, while in the city, the U.S. Navy has warned its personnel to avoid drinking the water. For decades the region’s Camorra organized crime group has engaged in a lucrative trash-for-cash racket, disposing of toxic waste for European industry at a fraction of the legal price. Burying the waste in the Neapolitan countryside has earned the clans billions of dollars. However, the Camorra is not alone in its involvement in the illicit disposal of toxic waste. As regulation have grown more stringent, and the cost of legal disposal have mounted, otherwise reputable firms have increasingly become entangled with organized crime groups throughout the world. As the situation in southern Italy shows, it is often innocent residents of the dumping zones who suffer most from the noxious trade.

The trade in toxic waste has existed for decades, with the industrial effluent from the developed world often exported to developing nations. However, two trends have driven the growth of illicit trade in toxic waste, and the involvement of organized crime groups. First, regulations and the cost of disposing of toxic waste have continued to mount. By and large this is a positive development, spurred by civil society and government concerns over the health and environmental impact of toxic waste disposal. However, regulations and the cost of toxic waste disposal differ dramatically between states. Some businesses have sought to financially profit from the regulatory heterogeneity, by shipping their waste to the least regulated, and thus most inexpensive, countries for processing. The second trend, efforts by the international community to restrict the legal trade in toxic waste, has emerged in response to business efforts to dispose of toxic waste on the cheap. However, despite international efforts the global trade in toxic waste continues. Efforts to restrict the legal trade have opened up a vast opportunity for global organized crime groups, who are able and all too willing to smuggle and dispose of the toxic effluent.

Camorra clans in Naples seem to have been early and enthusiastic adopters of the toxic waste business. In 1997, one Camorra member testified that millions of tons of waste were regularly moved to the areas outside of Naples and buried. The financial stakes of the market are huge. One NGO estimated the yearly value of illicit waste disposal in Italy at 16 billion Euros. Reportedly, the Camorra has begun to expand it waste disposal activities abroad, via shipments to Eastern Europe and East Asia.

The illicit trade is toxic waste is not a victimless crime. The toxicity of the products involved pose grave threats to both those involved in the trade, and the public at large. Over 100,000 were sickened in Côte d’Ivoire in 2006, when oil byproducts were dumped in Abidjan. A spectacular photo essay recently published on the largest e-waste dump in Ghana highlights the huge health risks for local workers and resident populations. In Italy, the illicit dumps outside of Naples are believed to have propelled a cancer epidemic. Wiretaps show that Camorra members involved in burying the waste knew the dangers it posed to the local community, yet they buried it anyway. While the Italian government has initiated efforts to clean up the waste, the public health challenge posed by the buried toxins is likely to endure.

Unfortunately, the illicit trade in toxic waste is likely to grow. The financial stakes are too high for international companies, the financial gains for organized crime groups too large to pass up, and the laws to soft to deter either the businessmen or the crime groups from engaging in the activity. As polities in Europe, North America, and East Asia buttress their regulations against toxic waste disposal, it is likely that the illicit trade will be routed to developing countries, posing grave health threats to the populations there. While there is no obvious panacea to the problem, the transnational nature of the illicit trade in toxic waste necessitates the strengthening of laws against illicit dumping in both exporting and importing countries, as well as robust international cooperation to identify what waste is being moved, to where, and who is responsible. Though such steps are only a preliminary effort, they will have a tangible and positive impact on public health for those who would otherwise be victimized by the greed of organized crime groups and their industrial partners.

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Dinero sucio por basura sucia

“Estamos contaminando nuestra propia casa y nuestra propia tierra. ¿Qué vamos a beber?”

“Estúpido, beberemos agua mineral.”

Miembros de la Camorra discutiendo sobre el desecho de residuos tóxicos fuera de Nápoles.

Una crisis en la salud pública se está gestando en el sur de Italia. En la campiña que rodea la ciudad de Nápoles, los casos de cáncer han dado un salto, mientras que en la ciudad, la fuerza naval de los Estados Unidos le ha advertido a su personal evitar tomar agua. Durante años, la organización criminal de la región, la Camorra, ha estado involucrada en el muy rentable negocio del desecho de basura, vertiendo residuos tóxicos de la industria Europea a una fracción del precio legal. El entierro de basura en la campiña napolitana les ha generado billones de dólares. Sin embargo, la Camorra no está sola en este negocio. A medida que las regulaciones se han tornado más estrictas y los costos del desecho legal de basura han ido en aumento, empresas que en otra circunstancia hubieran sido respetables, han estado involucrándose con grupos delictivos alrededor del mundo. Como lo evidencia la situación en el sur de Italia, a menudo son los individuos inocentes que residen en las zonas cercanas a los vertederos los que más sufren a raíz de este negocio nocivo.

El comercio de desechos tóxicos existe desde hace décadas, y los residuos del mundo desarrollado con frecuencia se exportan a países en desarrollo. No obstante, hay dos tendencias que han llevado al crecimiento del comercio ilícito de basura tóxica y a la participación en este negocio de grupos criminales organizados. Primero, las regulaciones y los costos para arrojar residuos tóxicos continúan en aumento. En líneas generales, este es un avance positivo impulsado por las preocupaciones de la sociedad civil y de los gobiernos por el impacto sobre la salud y el medioambiente que estos desechos tóxicos pueden significar. De todos modos, las regulaciones y los costos para arrojar basura tóxica difieren de manera significativa entre los países. Algunas empresas han intentado lucrar de esta heterogeneidad en las regulaciones transportando su basura a los países en los que este proceso está menos regulado, y por consiguiente es menos costoso. La segunda tendencia, resultado de los esfuerzos de la comunidad internacional para restringir el comercio legal de desechos tóxicos, ha surgido como respuesta a los esfuerzos de las empresas por arrojar sus desechos tóxicos de manera económica y sin importar sus consecuencias. No obstante, y a pesar de las acciones internacionales, el comercio mundial de basura tóxica sigue existiendo. Las acciones orientadas a limitar el comercio legal le han abierto grandes oportunidades a grupos delictivos organizados, que son capaces y están dispuestos a llevar a cabo el proceso de manera ilegal.

La Camorra en Nápoles parece haber sido una de las primeras en adoptar el negocio de los residuos tóxicos. En 1997, uno de los miembros de la Camorra testificó que millones de toneladas eran trasladadas regularmente a zonas fuera de Nápoles para ser enterradas. La ganancia potencial del mercado es enorme. Una ONG estimó que el valor anual del vertido de basura en Italia ronda los 16 billones de euros. Según se informa, la Camorra ha comenzado a expandir sus operaciones al exterior, transportando los desechos al este de Europa y al este de África.

El comercio ilícito de basura tóxica está lejos de ser un delito que no deja víctimas. La toxicidad de estos productos amenaza seriamente tanto a los individuos involucrados en el negocio como a ciudadanos comunes. Más de 100.000 personas sufrieron enfermedades en Costa de Marfil en el año 2006 cuando se vertieron grandes cantidades de productos derivados del petróleo en Abiyán. Una foto espectacular publicada recientemente sobre el mayor basural de desechos electrónicos en Ghana pone en evidencia los grandes riesgos para la salud a los que están expuestos los trabajadores y residentes locales. En Italia, se cree que los vertederos ilícitos en las cercanías de Nápoles han impulsado una epidemia de cáncer. Escuchas realizadas mediante la intervención de teléfonos a miembros de la Camorra partícipes en el entierro de basura revelan que estos conocían muy bien los peligros que su actividad significaba para la comunidad local, y aun así la llevaron a cabo. Si bien el gobierno italiano ha tomado algunas medidas para limpiar la basura, el desafío que imponen las toxinas sobre la salud es probable que perdure.

Desafortunadamente, se estima que el comercio ilícito de basura tóxica continúe creciendo. Los riesgos financieros para empresas internacionales son demasiado altos; los ingresos para los grupos de delincuencia organizada son muy grandes como para ser ignorados; y las leyes demasiado débiles como para desalentar a empresarios o grupos delictivos a involucrarse en esta actividad. Mientras que Europa, Norte América y Asia Oriental refuerzan sus regulaciones sobre el desecho de basura tóxica, se teme que el comercio ilícito se traslade a países en desarrollo, amenazando seriamente a la población. Si bien no existe una panacea clara para el problema, la naturaleza transnacional de este asunto necesita del fortalecimiento de las leyes contra el desecho ilícito de basura en países importadores y exportadores, y de una cooperación internacional robusta orientada a identificar qué residuos están siendo trasladados, a dónde, y quién es el responsable. Aunque estos pasos son sólo esfuerzos preliminares, tendrán un impacto positivo tangible en la salud pública para aquellos que, de otro modo, se convertirían en víctimas de la avaricia de grupos delictivos organizados y de sus socios industriales.