Posted on 06 Jul 2013
July saw the announcement of elections in two states struggling under the dark cloud of organized crime and drug trafficking – Mali, whose elections were completed as this brief was going to print; and Guinea Bissau, whose long postponed elections have now been scheduled for the 4th November. Regrettably, in neither case has the issue of drug trafficking and the delinking of crime from politics, been as front and center on the elections agenda as it should have been.
For the past decade Guinea-Bissau has been caught in a vicious cycle of political instability, corruption and crime, driven in part by the desire to control cocaine trafficking that has an estimated market value of $4.3 billion a year. In Mali the same factors combined with an insurgent movement in the North to result in a hollowing out of the state, the collapse of the government in a military coup and the growth of an Islamic extremist movement.
The AU, the UN Security Council and other multi-lateral institutions have expressed their concern about the dangerous intersection of crime and terror and its impact on the stability of both countries. Directly and indirectly, organized crimes exercise a pernicious affect on elections. At a direct level, the groups’ coopt political parties with bribes and coerce opposing politicians. Indirectly, organized crime may increase the stakes of the election, leading political parties to violently compete for control of lucrative patronage payments by trafficking groups.
Yet despite this, the pressure to hold elections appeared to outweigh the desire to ensure that they were conducted with integrity. The extent to which a multi-party democratic process, given the need to fund election campaigning, can actually exacerbate the influence of illicit financial sources and increase the impact of criminal groups on the political process has been demonstrated and documented in many other contexts.
Elections present an opportunity to hold candidates, and thus the new government, to account for addressing corruption and ending impunity for transnational organized crime. International support can be held contingent on the agreement by the victors to take the necessary steps to create and empower whatever national, regional or international structures are required to investigate, prosecute and convict those associated with trafficking. The failure in both processes to ensure that candidates are committed to decriminalize governance and instigate practical measures to counter the influence of criminal groups, will impact both the perception of legitimacy in these elections and consequently the promise of stability for the future of these two countries.
Protegiendo la democracia del dinero sucio de la droga
En julio se anunciaron las elecciones en dos países sofocados por el crimen organizado y el narcotráfico: Mali, cuyas elecciones se llevaron a cabo mientras este artículo era escrito, y Guinea-Bissau, cuyas tan postergadas elecciones han sido ahora programadas para el 4 de noviembre. Lamentablemente, en ninguno de los dos casos se tomó el narcotráfico y la conexión entre delincuencia y política como eje central en las agendas, como debería haber sido.
Durante la última década, Guinea-Bissau se ha visto atrapada en un círculo vicioso de inestabilidad política, corrupción y delincuencia, impulsado en parte por el deseo de controlar el tráfico de cocaína, cuyo valor de mercado se estima asciende a $4,3 billones anuales. En Mali, los mismos factores se combinan con un movimiento insurgente en el norte que trae como resultado un vaciamiento del estado, el colapso del gobierno en un golpe militar y el crecimiento de un movimiento extremista islámico.
La AU, el Consejo de Seguridad de la ONU y otras instituciones multilaterales han expresado su preocupación respecto de la peligrosa intersección entre la delincuencia y el terror, y su impacto en la estabilidad de ambos países. Directa e indirectamente, el crimen organizado ejerce un efecto dañino sobre las elecciones. Directamente, porque los grupos neutralizan partidos políticos por medio de sobornos y coaccionan a partidos opositores. E indirectamente, porque el crimen organizado puede elevar la importancia de las elecciones, llevando a los partidos políticos a competir violentamente por los jugosos sobornos de grupos traficantes.
Aun así, y a pesar de esto, la presión por celebrar las elecciones tuvo aparentemente más peso que la garantía de integridad de las mismas. El grado en el que el proceso democrático multipartidario puede exacerbar la influencia de recursos financieros ilícitos y aumentar el impacto de organizaciones criminales en los procesos políticos -dada la necesidad de financiamiento de las campañas- ha sido demostrado y documentado en muchos otros contextos.
Las elecciones dan una oportunidad para obligar al nuevo gobierno a dar respuestas contra la corrupción y terminar con la impunidad de la delincuencia transnacional organizada. El apoyo internacional puede estar supeditado al compromiso de los ganadores a tomar las medidas necesarias para crear y dar poder a las estructuras nacionales, regionales o internacionales requeridas para investigar, procesar y condenar a aquellos con conexiones con el narcotráfico. El fracaso en ambos procesos a la hora de asegurar que los candidatos se comprometan a eliminar la corrupción en la gestión pública y a instigar medidas prácticas para limitar la influencia de grupos criminales impactará de lleno en la percepción de la legitimidad de estas elecciones y, consecuentemente, en la promesa de estabilidad para el futuro de estos dos países.