As the SALW 2013 survey aptly describes, for the last decade, Central American states have been plagued the highest homicide rates in the world. Honduras, currently the most violent state in Central America, averages 20 murders a day. Much of the violence is attributed to fighting between MS-13 and Barrio 18, transnational gangs with members throughout Central America, Mexico, and the United States. The gangs are deeply involved in organized criminal activity in the region, often acting as hired muscle for local and international drug trafficking organizations. Additionally, the groups independently engage in a range of criminal endeavors, including extortion, drug sales, and human trafficking.

Regional states have been stymied in their efforts to eliminate the gangs, despite the employment of military forces and adoption of zero-tolerance policies. In a departure from its usual “iron fist” policies, in effort to address the gang violence, Honduras has begun experimenting with a tactic from neighboring El Salvador – brokering a gang truce. Adopted in March 2012, El Salvador’s truce has succeeded in lowering the murder rate and has intrigued neighboring states. The Guatemalan Interior minister noted it was “innovative” and worthy of study at a recent summit on organized crime. Honduras has gone further, recently bringing several mediators who helped to arrange the Salvadoran truce to talk to gang leaders in the city of San Pedro Sula.  However, it is unclear whether gang truces are really a positive step.

As seen in El Salvador, a gang truce addresses only one aspect of the gangs’ threat to society – murders – and does little to address the gangs other criminal activities. Reducing the violence may enable the gangs to focus their efforts on their criminal activities, and provides them defacto political empowerment. In turn, an increase in revenue and political capital translates into growing power, posing a dangerous challenge to future governments. Finally, there is reason to question whether the truces represent a durable policy option. There are signs that after 16 months, El Salvador’s truce may be disintegrating. Murders have returned to pre-truce levels, and now average 16 per day.

In the coming months, the key question will be whether El Salvador’s Government, mediators, and gang leaders can address the emerging violence and sustain the truce? If not, it seems highly unlikely that the El Salvadorian model will be adopted anywhere else.

Treguas entre pandillas en El Salvador: ¿una estrategia sostenible?

Tal como lo describe acertadamente el análisis SALW de 2013, durante la última década, los estados Centroamericanos han sido acosados por los mayores índices de homicidio a nivel mundial. En Honduras, calificado actualmente como el país más violento en América Central, se registra un promedio de 20 asesinatos por día. Gran parte de la violencia es atribuida a las contiendas entre las pandillas MS-13 y Barrio 18, de alcance transnacional y con miembros en toda América Central, México y los Estados Unidos. Las bandas están profundamente involucradas en la actividad criminal organizada en la región, actuando en ocasiones como matones contratados por organizaciones narcotraficantes internacionales. Además, los grupos participan de manera independiente en una serie de actividades delictivas, incluyendo extorsiones, venta de drogas y trata de personas.

Pese al empleo de fuerzas militares y de la adopción de políticas de tolerancia cero, los estados de la región no han logrado eliminar las pandillas. Con miras a hacerle frente a la violencia de las bandas dejando atrás sus típicas políticas de “mano dura”, Honduras ha comenzado a poner en uso las mismas tácticas llevadas a cabo por su vecino El Salvador y negociar una tregua entre las pandillas. Esta estrategia, adoptada en El Salvador en marzo de 2012, ha logrado bajar la tasa de homicidios e intrigar a los países vecinos. En una cumbre reciente sobre delincuencia organizada, el Ministro del Interior de Guatemala calificó de “innovadora” la iniciativa y sostuvo que debería ser estudiada. Honduras ha ido más allá y, recientemente, trajo a varios mediadores que colaboraron en el armado de las treguas en El Salvador para hablar con los líderes de las bandas en la ciudad de San Pedro Sula. No obstante, es poco claro si las treguas entre las pandillas es un paso verdaderamente positivo.

Como pudo verse en El Salvador, una tregua entre pandillas aborda sólo un aspecto de la amenaza que las bandas imponen sobre la sociedad -los asesinatos-, y aporta muy poco respecto de las otras actividades delictivas de las pandillas. Reducir la violencia puede permitirle a las bandas enfocar sus esfuerzos en otras actividades delictivas, al mismo tiempo que les da un poder político de facto. Un aumento en sus ganancias y en su capital político se traduce en mayor poder, lo que implica un desafío peligroso para los futuros gobiernos. Por último, hay razones para dudar sobre la durabilidad de esta estrategia. Existen señales que indican que luego de 16 meses, las treguas en El Salvador pueden estar perdiendo su eficacia. Los homicidios han vuelto a los niveles que existían antes de las treguas, promediando actualmente los 16 asesinatos diarios.

En los próximos meses, la pregunta crucial será si el gobierno de El Salvador, los mediadores, y los líderes de las bandas narco pueden abordar la incipiente violencia y sostener la tregua. Si la respuesta es negativa, parece altamente improbable que el modelo de El Salvador sea adoptado en algún otro lugar.