Durante las últimas tres décadas, Centroamérica ha sufrido una presión constante del crimen organizado, sobre todo mediante la violencia vinculada a disputas territoriales, al tráfico de drogas y a la extorsión. Estas dinámicas se han concentrado históricamente en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, caracterizados por haber sufrido conflictos armados internos, una fragilidad institucional prolongada, bajos niveles de desarrollo humano y altos niveles de corrupción.

En contraste, durante décadas Panamá y Costa Rica destacaron por su solidez democrática, su estabilidad institucional y sus niveles de violencia comparativamente bajos. Esto se ha modificado en los últimos años, en los que el crimen organizado dejó de ser un fenómeno marginal para estos países. Especialmente a partir de 2019, las organizaciones de tipo mafioso que están surgiendo en estos países han desarrollado la capacidad de remodelar las economías locales, influir en los patrones de violencia y mantener el control territorial.

Este informe explica por qué estas tendencias se han intensificado en los últimos años y cómo esta trayectoria ascendente está vinculada a dos dinámicas interrelacionadas: el crecimiento y la sofisticación de los actores criminales, y su inserción en ecosistemas criminales mayores.

Lo que antes eran redes de tráfico vagamente conectadas están adquiriendo cada vez más las características de organizaciones mafiosas, con consecuencias variadas. Estos grupos son más grandes, estructurados y jerárquicos, con vínculos transnacionales profundos y aparatos violentos más capaces. En ambos países, las organizaciones criminales han extendido su presencia territorial y desarrollado estructuras internas más sofisticadas.

Esta consolidación interna también les ha permitido diversificar las actividades ilícitas, desde el contrabando y la distribución local de drogas hasta la extorsión y los esquemas de préstamos abusivos. También han reforzado su presencia en determinadas comunidades, particularmente costeras, portuarias y de algunos centros urbanos, al tiempo que han consolidado los vínculos con funcionarios públicos, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad, a menudo facilitados por la corrupción.

La segunda dinámica, que resulta de y retroalimenta a la primera, es la configuración de ecosistemas criminales. Los mercados criminales pueden moldear e impulsar el desarrollo organizativo de los grupos de crimen organizado, mientras que estos ajustes organizativos, a su vez, les permiten conectarse e integrarse en una gama más amplia de actividades ilícitas y lícitas. Este proceso les permite diversificar sus carteras delictivas, blanquear y reinvertir sus beneficios, al tiempo que operan con un mayor nivel de invisibilidad dentro de las estructuras estatales.

Este informe demuestra cómo se han configurado ecosistemas criminales densos e interconectados tanto en Costa Rica como en Panamá, lo que sugiere que estos países deben entenderse ahora como nodos clave en los debates regionales sobre el crimen organizado. En lugar de examinar las actividades delictivas de forma aislada, el análisis destaca cómo los mercados ilícitos, los actores criminales, las dinámicas territoriales, las economías legales y las instituciones estatales interactúan para producir sistemas de gobernanza criminal cada vez más complejos y arraigados.

Hallazgos principales

• Las organizaciones que antes se limitaban a desempeñar funciones fragmentadas o específicas en las cadenas de tráfico transnacional han evolucionado hacia estructuras más complejas, jerárquicas y coordinadas. Estos grupos desempeñan un papel más activo en la organización de rutas de tráfico, la gestión de envíos y el control de los mercados locales.
• El tráfico de cocaína sigue desempeñando un papel central en ambos países, pero su importancia radica menos en su volumen por sí solo que en su función como eje articulador que conecta un conjunto más amplio de actividades ilícitas y su uso como moneda de cambio entre grupos de tipo mafioso y grupos delictivos urbanos en las principales ciudades, alimentando las redes de microtráfico y los sistemas de distribución locales.
• Hay una creciente interconexión entre mercados ilícitos, entre los que se incluyen la extorsión, el tráfico de armas, el contrabando, los esquemas financieros informales y el blanqueo de capitales, que han permitido a las organizaciones criminales diversificar sus fuentes de ingresos, reforzar su presencia territorial y aumentar su resiliencia frente a las medidas de represión.
• La violencia funciona como una herramienta estratégica utilizada para imponer el control, disciplinar a las comunidades y gestionar las relaciones entre los actores delictivos.
• Las reformas, programas y políticas gubernamentales con efectos regresivos sobre los derechos socioeconómicos han ampliado significativamente las condiciones de vulnerabilidad que los actores delictivos pueden explotar. La expansión de la informalidad laboral limita el acceso a medios de vida estables y facilita la incorporación de las poblaciones locales a las economías delictivas como fuente de ingresos y de movilidad.
• Persiste una brecha crítica entre la complejidad del crimen organizado y la capacidad de respuesta de las instituciones estatales, especialmente en zonas con una presencia institucional débil.