Environmental crime in northern Mexico poses an existential threat, sitting at the nexus of organized crime, environmental degradation, corporate malfeasance and community vulnerability.

In Chihuahua, the mountain range of Sierra Tarahumara (‘Sierra’) is home to one of North America’s most biodiverse forested areas but has become a centre of escalating violence and unauthorized timber extraction. In recent years, transnational criminal organizations, most notably factions of the Sinaloa Cartel and the Jalisco New Generation Cartel (Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG), have competed for control of the lucrative trade, transforming logging into a multimillion-dollar revenue stream, with illegal timber in Chihuahua now worth the same as the licit market, around US$172 million annually.

In Sonora, which is Mexico’s largest mineral-producing state, criminal dynamics in the mining sector present a distinct but troubling pattern of environmental harm, corruption and state complicity. Large mining companies have been accused of collusion with local authorities, which facilitates permit approvals, water rights concessions and lax environmental impact assessments. High-profile incidents, such as the 2014 toxic spill by Grupo México into the Sonora River, illustrate a blend of corporate negligence and regulatory complicity that perpetuates environmental injustice.

In juxtaposing these two extractive economies, logging and mining, the report demonstrates how the frontier regions of northern Mexico have become battlegrounds. Criminals compete for revenue streams from illegal logging and mining, while the state is (for the most part) wilfully negligent in the face of criminal innovation and corporate rent-seeking.

This report is based on primary research, including multiple freedom of information requests, as well as interviews with a range of sources, including communities impacted by organized crime, Mexican public officials and experts with in-depth knowledge of organized crime dynamics in Chihuahua’s timber industry and Sonora’s mining sector.

Las fronteras del saqueo

Tala y minería ilegal en el norte de México

Los delitos ambientales en el norte de México suponen una amenaza existencial, ya que en ellos confluyen el crimen organizado, la degradación medioambiental, las malas prácticas institucionales y la vulnerabilidad de las comunidades.

En Chihuahua, la Sierra Tarahumara, una cadena montañosa que alberga una de las zonas arboladas con mayor biodiversidad de América del Norte, se ha convertido en un centro de violencia creciente y de explotación forestal no autorizada. En los últimos años, algunas organizaciones criminales transnacionales, entre las que destacan el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), han competido por el control de este tráfico tan lucrativo y han convertido la explotación forestal en una fuente de ingresos que mueve millones de dólares, ya que la madera ilegal de Chihuahua vale tanto como el mercado lícito: alrededor de 172 millones de dólares estadounidenses al año.

En Sonora, el estado mexicano que más minerales produce, la dinámica criminal en el sector minero presenta un patrón característico, pero inquietante, de daño ambiental, corrupción y complicidad del Estado. Se ha acusado a las grandes empresas mineras de colusión con las autoridades locales, lo que facilita la aprobación de permisos, las concesiones de derechos sobre el agua y una valoración laxa del impacto ambiental. Algunos incidentes notorios, como el derrame tóxico de Grupo México en el río Sonora en el 2014, demuestran una combinación de negligencia institucional y complicidad regulatoria que perpetúa la injusticia ambiental.

Yuxtaponiendo estas dos economías extractivas, la explotación forestal y la minera, el informe demuestra que las regiones fronterizas del norte de México se han convertido en campos de batalla. Los delincuentes compiten por las fuentes de ingresos procedentes de la tala ilegal y la minería, mientras el Estado es, casi siempre, deliberadamente descuidado ante la innovación criminal y la búsqueda de rentas de las empresa.

Este informe se basa en investigaciones de primera mano e incluye numerosas solicitudes de información pública, además de entrevistas con fuentes muy diversas, como comunidades afectadas por el crimen organizado, funcionarios públicos mexicanos y expertos con un conocimiento exhaustivo de la dinámica del crimen organizado en la industria maderera de Chihuahua y en el sector minero de Sonora.