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The response to wildlife trafficking has long been lamented as uncoordinated, un-strategic and falling between the cracks of different national agencies. The global framework to respond to wildlife trafficking and its linkage to organized crime is regarded as woefully behind those that deal with a range of other illicit commodities, such trafficking in drugs or human beings.

The work has largely been pushed forward by dedicated police, forestry or environmental crime units in a limited number of countries. But by definition those efforts have largely focused on preventing wildlife products from being trafficked into developed countries. There have been far fewer efforts within source countries. Activist civil society organizations have raised the profile, but the response has remained under-resourced and the responsibility of a surprisingly few number of people; there are, for example, only a handful of officials dedicated to wildlife crime and enforcement in the relevant multilateral organizations (CITES, UN, INTERPOL, WCO).

The passing of two Security Council resolutions in the last week of January suggests an unexpected and important shift. The resolutions (2134 and 2136) are concerned with ending ongoing conflict and instability in the Democratic Republic of Congo and the Central African Republic. The resolutions single out for sanctions individuals or organizations that provide support for armed groups or criminal networks through the illicit exploitation of natural resources, including diamonds, wildlife and wildlife products.

Sanctions relating to the diamond trade and its linkage to conflict are nothing new, but the addition of natural resources and wildlife is a critical step forward. This is the first real attention the issue has received from the Security Council, and follows a period when some of its key members, the United Kingdom (shortly to host a high-level conference on the issue), the United States (wildlife trafficking is now a priority of the Obama administration) and the Russian Federation (where President Putin himself has emphasized the importance of saving the last remaining tigers), have sought to respond to the issue.

The devil in this case will lie in the detail of implementation. Sanctions in the diamond industry have been only partially effective, and in the end of last year the sanctions regime on Zimbabwe was lifted following pressure from key European states. Information on illicit wildlife trafficking networks in Central Africa, most notably in the Central African Republic, are notoriously hard to come by. Reporting on the ongoing conflict itself remains a key challenge. So there is still a long way to go: the World Wildlife Fund for example reports that over 20,000 elephants are killed a year for ivory, with much of that taking place in Central Africa, including the Central African Republic and the Democratic Republic of the Congo. But at least this is clear recognition of the link between wildlife trafficking and conflict by the UN’s most senior decision making body – and the talk is backed with sanctions.

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Sanciones sobre tráfico de vida silvestre: ¿Los primeros disparos fuertes de una larga batalla?

Desde hace bastante tiempo, la respuesta al tráfico de vida silvestre es vista como descoordinada, sin una estrategia clara y estancada entre diferentes agencias nacionales. Lamentablemente, el marco global para dar soluciones al tráfico de vida silvestre y su conexión con la delincuencia organizada es tratado detrás de aquellos asociados con otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o la trata de personas.

En varios países, el trabajo ha sido impulsado, en gran parte, por policía especializada, unidades forestales o medioambientales. Pero por definición, esos esfuerzos se han enfocado en su mayoría en evitar el ingreso de productos de la fauna silvestre a países desarrollados. Los esfuerzos provenientes de los países de origen de la materia prima han sido mucho menores. Numerosas sociedades civiles activistas han alzado la voz, pero la solución continua siendo pobre y de responsabilidad de un número de personas sorprendentemente bajo; existen, por ejemplo, sólo algunos funcionarios dedicados al delito contra la vida silvestre y escasa aplicación de la ley en las organizaciones multilaterales más relevantes (CITES, ONU, INTERPOL, OMA).

La aprobación de dos resoluciones del Consejo de Seguridad la última semana de enero sugiere un cambio importante e inesperado. Las resoluciones (2134 y 2136) están orientadas a poner fin al conflicto y a la inestabilidad en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana. Las resoluciones dan un trato especial a las sanciones sobre individuos u organizaciones que ofrezcan apoyo a grupos armados o redes criminales mediante la explotación ilícita de recursos naturales, incluyendo diamantes, vida silvestre y productos derivados de la misma.

Las sanciones relacionadas al comercio de diamantes y su conexión con el conflicto no son un tema nuevo, pero la incorporación de recursos naturales y vida silvestre es un paso al frente significativo. Esta es la primera atención real que este asunto recibe del Consejo de Seguridad, y viene a continuación de un período en el cual sus miembros clave, el Reino Unido (que pronto celebrará una conferencia de alto nivel sobre este asunto), los Estados Unidos (en donde el tráfico de vida silvestre se ha convertido en una prioridad para la administración de Obama) y la Federación Rusa (en donde el mismo presidente Putin ha hecho énfasis sobre la importancia de salvar los últimos tigres que quedan), han buscado dar soluciones al problema.

La clave del éxito estará entonces en los detalles de su implementación. Las sanciones aplicadas en la industria de los diamantes han sido efectivas sólo en parte, y al final del año pasado el régimen de sanciones en Zimbabue fue levantado debido a la presión ejercida por importantes estados europeos. Es increíblemente difícil encontrar información sobre las redes de tráfico ilícito de vida silvestre en África Central, principalmente en la República Centroafricana. Informar sobre el continuo conflicto en sí mismo sigue siendo un desafío. Es por ello que aún hay un largo camino por recorrer. World Wildlife Fund, una asociación para defensa de la vida silvestre,  informa por ejemplo que más de 20.000 elefantes son asesinados por año por su marfil, y que gran parte de esta matanza se lleva a cabo en África Central, incluyendo la República Centroafricana y la República Democrática del Congo.  Pero al menos, este es un reconocimiento clave por parte del principal cuerpo con poder de decisión de la ONU del nexo que existe entre el tráfico de vida silvestre y el conflicto –y ahora las discusiones son sustentadas por sanciones.

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