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Four decades of the global “war on drugs” has polarised the international community between those who continue to advocate for the criminal justice and security approach to the challenge, versus those who seek a more nuanced framework to reduce demand and harm.

Thus far, and particularly in recent years, while the drug policy debate has seen some convergence around a harm reduction approach, the real movement has taken place more outside the august halls of the UN than within them. Part of the reason for this, say detractors, is that there is little space for real discussion at the UN’s Commission for Narcotic Drugs (CND) or under the framework of the associated International Narcotics Control Board. The CND has only 53 member states, and the historically consensus-based decision making framework means that states who wish to maintain the status quo hold an effective stranglehold over new ideas.

A group of Latin American states, with Mexico in the forefront, have become increasingly dissatisfied with this arrangement, arguing that policies and discussions being set on a national and sub-national basis are increasingly subverting the drug control architecture. In late 2013, Uruguay became the first nation to legalize marijuana. Nearly simultaneously, the U.S. states of Washington and Colorado also legalized recreational marijuana use. The concern is that as long as Vienna does not make space to discuss and explore these experiments, then the opportunity for informed reflection, lessons-learning and consensus are lost, and that decisions thus take place outside of the public eye and with no attempts to widen the discussion to civil society and other actors.

Essentially they posit that the current governing arrangement for the international drug policy framework is stacked against achieving a balanced debate, or in fact the opportunity to have a debate at all.

The first salvos were fired at the High Level Segment of the 2014 CND, which precedes the working week of the Commission itself.  The Commission was characterized by a split between some Latin Americans countries and a small group of allies, and bigger players such as China, Russia and the United States.  Mexico, Ecuador, Uruguay, Bolivia and some other states used the CND debate to push for preparations for the upcoming UN General Assembly Special Session on Drugs to be widened beyond just the Member States and the CND framework. The session had already been brought forward from 2019 to 2016, in a process also led by Mexico.  No agreement could be found and the resulting declaration reflects the usual platitudes of ‘working harder together’ and shared solutions to combat the problem.  The end result appears to be a compromise, where it was agreed that the Vienna-based CND would continue to lead on the process, but with the requirement to ensure wider consultations including through the General Assembly and presumably in New York.

It is fair for outsiders to ask what is the significance of all of this for the drug policy debate – and by implication, the broader fight against organized crime?

It is hard to draw definitive conclusions. What seems clear is that the purview of the drug debate, at least within the confines of the UN, are being widened. That may well open the discussion to include a range of broader strategic and development considerations that have generally been absent from the debate at the CND. But it also seems fair to predict that developments on the drug policy debate, and by implication that on organized crime, will continue to run faster outside of the UN than within it.

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En busca de un foro para debatir políticas contra el narcotráfico

Cuatro décadas de guerra contra el narcotráfico han polarizado la comunidad internacional entre aquellos que continúan abogando a favor de la justicia penal y estrategias de seguridad, y aquellos que buscan un marco con mayores matices para reducir la demanda y el daño.

Hasta ahora, y particularmente en los últimos años en los que el debate sobre políticas contra el narcotráfico ha observado una convergencia con la estrategia de reducción de daños, el movimiento real ha ocurrido por fuera de los pasillos de la ONU. Según los detractores, este hecho ocurre, en parte, por la falta de espacio para debates reales en la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) o en el marco del Consejo Internacional para el Control de Estupefacientes. La CND cuenta sólo con 53 estados miembro, y el sistema histórico y consensuado para la toma de decisiones implica que los países que desean mantener el status quo tienen un dominio total sobre las nuevas ideas.

Un grupo de estados latinoamericanos, con México a la cabeza, sienten una creciente insatisfacción con esta forma de organización, argumentando que las políticas y discusiones que se establecen a nivel nacional y sub-nacional están trastocando cada vez más el sistema de control de drogas. A finales de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar el consumo de marihuana. De manera casi simultánea, los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos también legalizaron el uso recreacional de marihuana. La preocupación es que hasta tanto Viena no abra un espacio para discutir y explorar estos experimentos, seguirán desperdiciándose oportunidades de reflexionar de manera informada, de aprender de las lecciones y de consensuar sobre estos aspectos, y preocupa también que estas decisiones se tomen fuera de la esfera pública, sin un intento de ampliar las discusiones a la sociedad civil y otros actores.

Básicamente, estos países plantean que la actual organización para el marco internacional de políticas sobre drogas juega en contra de un debate equilibrado, o, simplemente, en contra de un debate.

Los primeros cañonazos se dispararon en el Segmento de Alto Nivel de la CND 2014, que precede a la semana laboral de la propia Comisión. La Comisión se caracterizó por una división entre algunos países latinoamericanos y un pequeño grupo de aliados, y grandes actores como China, Rusia y los Estados Unidos. México, Ecuador, Uruguay, Bolivia y algunos otros países utilizaron el debate en la CND para intentar que la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas abarque más allá de los Estados Miembro y el marco de la CND. La sesión ya se adelantó del 2019 al 2016, en un proceso que también lideró México. Aún no se ha llegado a ningún acuerdo y la declaración resultante refleja el clásico cliché “trabajemos duro de manera conjunta” para combatir el problema. El resultado final parece ser un acuerdo en el que la CND seguirá liderando el proceso sólo si puede garantizar que se llevarán a cabo consultas más extensas, incluso a través de la Asamblea General y, presumiblemente, en Nueva York.

Es válido que se pregunten cual es la importancia de este debate sobre políticas sobre drogas –y, por ende, sobre la lucha contra el crimen organizado.

Es difícil llegar a conclusiones definitivas. Lo que parece claro es que se está ampliando el alcance del debate, a menos dentro de los límites de la ONU, lo que bien puede dar lugar a que las discusiones incluyan una serie de consideraciones más extensas sobre estrategias y desarrollo que, en general, han estado ausente en los debates de la CND. Pero también parece justo predecir que el progreso de los debates sobre políticas anti-drogas, y por ende sobre el crimen organizado, seguirá teniendo un ritmo más acelerado fuera de las Naciones Unidas que dentro de sus paredes.

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