Human trafficking, or it’s rebranded moniker ‘modern slavery’, has transitioned from the crime that “shames us all”, to its 2017 slogan as a crime that “unites us all”. It has been described as “the great moral calling of our time”, “a crime against humanity”, and “an open wound on the body of contemporary society”. Few can resist repeating the saying designed to shock the world into action – “there are more slaves now than at any other time in history”.
This escalating moral call to combat trafficking coincides with contemporary policymaking’s heavy reliance on rankings and indicators to understand complex issues and respond appropriately. While index proponents echo Bill Gates’ oft-quoted phrase, “if you don’t measure it, you can’t manage it”, critics lament the usability and reliability of findings that reduce complex, global problems such as human development, corruption and fragility into simplified, global rankings.
Measuring human trafficking is not immune to this numerical benchmarking trend. Over the past decade, some of the biggest players in international development have released estimates of the prevalence of human trafficking, or assessments of government responses to combating it, including the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the International Labour Organization (ILO), the International Organization for Migration (IOM), the Walk Free Foundation (WFF), and the Governments of the United States of America (US), the United Kingdom (UK) and the Netherlands. Even private companies, like Maplecroft, have started their own for-profit modern slavery estimates designed to be purchased by corporations increasingly cautious about the reputational risks of discovering slavery in their supply chains.
The result? An increasingly crowded marketplace of measurement, competition for donor dollars, political manoeuvring surrounding who has the mandate to measure, and inconsistent messaging in the media over the scale and scope of modern slavery. Is it more accurate to quote the UN’s official yet dated forced labour figures? Or the more recent modern slavery figures from a newcomer Australian organisation, WFF? Is it wrong to quote estimates and only report on UNODC’s known cases?
This is why the release of the world’s first Global Estimates of Modern Slavery (GEMS) in September 2017 is so significant. Not only are these figures crucial for better understanding the global scale and scope of trafficking, but they are the result of collaboration between the ILO, WFF, and the IOM. In this highly-politicised landscape, willingness to pool brains and funds should be applauded. After all, the end goal is ameliorating the suffering and extreme exploitation of people.
The GEMS found a staggering 40.3 million people were victims of modern slavery in 2016 – 25 million people in forced labour, a further 15 million people forced into marriage. Women and girls accounted for 71 per cent of all victims. One in four victims was a child.
“This is 40 million people who are not free to leave the situation, to refuse the exploitation that is being forced on them, or even to refuse or leave a marriage they have not chosen,” said Jacqui Joudo Larsen, co-author of the Global Estimates report. “This is happening in every region of the world.”
The figures are sobering. In the 17 years since the international community vocally vowed to end the exploitation, we are clearly falling far short of the true structural changes required to liberate victims. However, reducing the competition around who counts, and agreeing to collaborate, is a strong initial step to avoid obscuring the face of suffering in the pursuit of political positioning.
What remains to be seen now is how these GEMS will be embraced by the global and UN community. Under the Sustainable Development Goals (SDGs), UNODC has the mandate to measure the world’s progress in eliminating forced labour, modern slavery, and child labour. Will they adopt these current figures and assist in future efforts to refine the still patchy methodology? Or will they attempt to compile their own figures of human exploitation, adding another set of metrics into the already complex global debate?
The Global Initiative against Transnational Organised Crime, with funding from the ENACT programme, is working to build an international index that will measure the scope, scale and presence of different illicit markets. To avoid data duplication by incorporating the strongest and most recent global crime data, we will follow the evolution of the trafficking measurement debate with interest.
Contar los incontables:
Las cifras de la esclavitud moderna en 2017
La trata de personas, o “esclavitud moderna”, como ahora se la llama, ha pasado de ser el delito que “nos avergüenza a todos”, a su eslogan de 2017 como el delito que “nos une a todos”. Ha sido descrita como “el gran llamado moral de nuestros tiempos”, “un delito contra la humanidad”, y “una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea”. Pocos pueden resistirse a repetir la frase creada para darnos una sacudida y hacernos actuar: “hay más esclavos hoy que en ningún otro momento en la historia”.
Este creciente llamado moral para poner fin a la trata coincide con la enorme dependencia que existe hoy a los rankings e indicadores para comprender asuntos complejos y responder adecuadamente al momento de formular nuevas políticas. Mientras que los defensores de los índices hacen eco de la conocida frase de Bill Gates “si no puedes medirlo, no puedes manejarlo”, los críticos lamentan que se utilicen y se dependa de resultados que reducen problemas complejos y globales, como el desarrollo humano, la corrupción y la fragilidad a simples rankings mundiales.
La medición de la trata de personas no es inmune a esta tendencia numérica comparativa. Durante la última década, algunos de los principales actores en el ámbito del desarrollo internacional, incluyendo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Fundación Walk Free (WFF), y los Gobiernos de los Estados Unidos de América, del Reino Unido, y de Holanda, han publicado estimaciones sobre la prevalencia de la trata de personas o evaluaciones de las respuestas gubernamentales para combatirla. Incluso empresas privadas, como Maplecroft, han comenzado a realizar sus propias estimaciones respecto de la esclavitud moderna con el objetivo de venderlas a las grandes empresas, cada vez más cautas de los daños que puede causar sobre su reputación la existencia de casos de esclavitud en sus cadenas de suministro.
El resultado: un mercado cada vez más poblado de mediciones, competencia para obtener dinero de donantes, maniobras políticas en torno a quien tiene el mandato de realizar las estadísticas, y mensajes inconsistentes en los medios de comunicación sobre la magnitud y el alcance de la esclavitud moderna. ¿Sería más exacto citar las cifras oficiales de la ONU, aunque forzadas y obsoletas? ¿o las más recientes de la recién flamante organización australiana, WFF? ¿Es equívoco citar estimaciones y solo basarse en los casos conocidos de la UNODC?
Por todo esto es que es tan importante la publicación de las primeras Estimaciones Mundiales sobre Esclavitud Moderna (GEMS) en septiembre de 2017. No sólo son cruciales para comprender mejor la magnitud y el alcance mundial de la trata, sino que son el resultado de la colaboración entre la OIT, la WFF, y la OIM. En este ambiente altamente politizado, la voluntad de juntar experiencias y fondos debería ser aplaudida. Después de todo, el objetivo final es poner fin al sufrimiento y a la explotación extrema de personas.
El informe revela que 40,3 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016 – 25 millones en trabajo forzado, y otros 15 millones en matrimonio forzado. Por su parte, las mujeres y las niñas representaron el 71 por ciento del total de víctimas, y una de cada cuatro víctimas fue un menor.
“Se trata de 40 millones de personas que no son libres de salir de la situación, de negarse a la explotación a la que se ven forzadas, o incluso de negarse o de terminar con un matrimonio que no han elegido”, señala Jacqui Joudo Larsen, co-autor del informe. “Esto está ocurriendo en cada región del mundo”.
Las cifras son aleccionadoras. A 17 años de que la comunidad internacional prometiera poner fin a la explotación, claramente estamos muy por debajo de los verdaderos cambios estructurales necesarios para liberar a las víctimas. Sin embargo, reducir la competencia entre los que elaboran mediciones y pactar acuerdos de colaboración es un paso inicial contundente que intenta evitar ocultar la cara del sufrimiento en la búsqueda de posicionamiento político.
Lo que ahora resta por ver es cómo aprovechará la comunidad de la ONU estas Estimaciones Mundiales. Bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la UNODC tiene el mandato de medir el progreso mundial en la eliminación del trabajo forzado, la esclavitud moderna, y el trabajo infantil. ¿Adoptarán estas cifras actuales y asistirán en esfuerzos futuros para refinar la metodología aún llena de parches? ¿O intentarán compilar sus propias cifras sobre la explotación de personas, agregando un nuevo conjunto de métricas al ya complejo debate mundial?
La Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con financiamiento del programa ENACT, está trabajando para desarrollar un índice internacional que medirá el alcance, la magnitud y la presencia de diferentes mercados ilícitos. A los efectos de evitar la duplicación de informaron incorporando los datos más contundentes y recientes sobre la delincuencia mundial, seguiremos con gran interés la evolución del debate sobre la medición de la trata.
