Leonardo Sánchez Hernández

Introducción
En los últimos años el país ha experimentado un aumento en el número de homicidios dolosos, en el 2017 la cifra fue de 603 casos lo que se tradujo en una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes superior a 10 que es el límite por el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los homicidios se han convertido en una epidemia. La encuesta del CIEP-UCR (2016) ubica la inseguridad y la violencia como el segundo problema en importancia para el país de acuerdo con la percepción de los costarricenses, solo superada por el desempleo. Diversos estudios en la región latinoamericana (De la Fuente, Mejías, & Castro, 2011) demuestran que los índices de criminalidad y la sensación de inseguridad de la población son factores que atentan contra la calidad de vida y bienestar de las personas, así como en la economía.

A pesar de la relevancia del tema, las líneas de investigación con respecto al mismo son escazas en el país, en especial aquellas con un enfoque territorial. La literatura existente en el tema es abordada desde un enfoque multicausal. Desde el ámbito teórico, es posible encontrar dos corrientes, por un lado (De la Fuente, Mejías, & Castro, 2011), está la perspectiva fundada por sociólogos, psicólogos, criminólogos y cientistas políticos quienes postulan, que la participación de los individuos en las actividades ilegales corresponde a un comportamiento poco racional, siendo producto de la predisposición de una persona hacia el crimen, la cual puede basarse tanto en el temperamento de un individuo como en su entorno social.

Por otra parte, existe el pensamiento conocido como “la teoría económica del crimen”, creada por Becker (1968) y Ehrlich (1975), cuyo razonamiento está orientado a determinantes del tipo económico donde a través del uso de modelos econométricos, es posible medir los efectos de cada uno de los determinantes de la delincuencia sobre los delitos de mayor connotación social.

De acuerdo con Becker (1974) para determinar la delincuencia de manera óptima, es útil desarrollar un modelo que incorpore las relaciones de comportamiento detrás de los costos del crimen. El autor los divide en cinco categorías: relaciones entre (1) el número de crímenes, llamados “delitos”, y el costo de los delitos, (2) el número de delitos y los castigos imputados, (3) el número de delitos, detenciones y condenas y el gasto público en policía y tribunales, (4) el número de condenas y los costos de las penas de prisión o de otro tipo, y (5) el número de delitos y los gastos privados en protección y aprensión. De acuerdo con este autor, las teorías sobre los determinantes del número de delitos difieren mucho, desde el énfasis en la herencia biológica hasta la educación familiar y el desencanto con la sociedad. Sin embargo, para Becker (1974) prácticamente todas las diversas teorías están de acuerdo en que, cuando otras variables se mantienen constantes, el aumento de la probabilidad de condena o castigo de una persona, si es condenado, disminuiría, quizá de forma sustancial, quizá despreciablemente, el número de delitos cometidos.

En resumen, este enfoque parte del análisis habitual de los economistas sobre la elección y asume que una persona comete un delito si la utilidad esperada para él excede la utilidad que podría obtener usando su tiempo y otros recursos en otras actividades. Algunas personas se convierten en “criminales”, por lo tanto, no porque su motivación básica difiera de la de otras personas, sino porque sus beneficios y costos difieren.

Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un factor que explique por si sólo por qué una persona se comporta de manera violenta y otra no, ni por qué una comunidad presenta altos índices de violencia mientras que otra comunidad vecina vive en paz. La violencia es un fenómeno sumamente complejo que depende de la interacción de muchos factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos (OMS, 2002).

En línea con lo anterior, desde la década de los años setenta surgen diversos estudios que buscan ahondar en las cusas de la criminalidad y delincuencia desde distintos ángulos. La literatura en el tema permite identificar diversos factores socioeconómicos y demográficos asociados a la delincuencia y los homicidios.

Dado lo anterior, y en función de la disponibilidad de información (bases de datos, cartografía y geo-datos) suministrada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC) y el Programa Estado de la Nación (PEN) el presente análisis trata de abordar las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los patrones territoriales y sociodemográficos de las poblaciones afectadas por el tráfico de drogas y los homicidios?
• ¿Cuál es la relación entre dicha información y las características sociodemográficas principales de la población desagregadas territorialmente (distritos del país)?
• ¿Cuáles son los perfiles de la población afectada y de sus contextos geográficos, que permitan identificar factores subyacentes al problema de tráfico de drogas y homicidios?
• ¿Existen conglomerados espaciales relacionados con los homicidios y el tráfico de drogas a nivel de distritos?
• ¿Existen relación a nivel cantonal entre el Índice de Progreso Social (IPS) y las tasas de homicidio, el tráfico de drogas y los robos y asaltos?

El análisis que se presenta a continuación es parcial y exploratorio, por tanto, hay temas en los cuales no se profundiza en su totalidad quedando pendientes para investigaciones posteriores, principalmente, porque los elementos evaluados tienen un origen multicausal, y los factores considerados en el análisis solo explican una parte del fenómeno, esto porque en el país la disponibilidad de información confiable en dichas dimensiones y desagregada territorialmente no siempre está disponible, lo cual es una limitante en este tipo de estudios. Específicamente en lo referente a factores disuasorios (Becker (1968) y Ehrlich (1975); Levitt (1997); Corman y Mocan (2000); Marvell y Moody (1994) y a factores asociados a las políticas públicas.

La estructura del documento es la siguiente. La primera sección se enfoca en analizar los patrones territoriales tanto de los homicidios como de las incautaciones realizadas sobre tráfico de drogas. El análisis se realiza mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y análisis geoestadístico. La segunda sección explora las relaciones que tienen los homicidios y las incautaciones de drogas(1) con variables socioeconómicas y demográficas. Para ello, se utilizan modelos econométricos con correcciones espaciales a nivel global y local. En la tercera sección se aborda la relación entre el Índice de Progreso Social (IPS) y las tasas de homicidio, las incautaciones de drogas, los robos y asaltos, utilizando modelos de mínimos cuadrados ordinarios. La cuarta sección esboza algunas consideraciones sobre los resultados del estudio. Por último, en la quinta sección, de anexos, se detallan (sexo, edad, cantidad de drogas, etc) en mapas de forma georreferenciada las incautaciones por tráfico de drogas (marihuana, cocaína y crack para las series históricas (2010-2016). Adicionalmente se muestran todos los ejercicios econométricos realizados con las incautaciones de drogas (marihuana, crack y cocaína) y el indicador del IPSc (dimensiones, indicadores y variables) y sus correlaciones.

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(1) Las incautaciones de droga deben entenderse como cantidad de eventos en los que se decomisó o halló droga y NO como una medida de volumen como kilogramos o Libras