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The line between drug war and civil war in Mexico is becoming increasingly tenuous. For the last six years, the violence has pitted heavily armed drug trafficking gangs against each other and against government forces. The result has been a horrific bloodbath, with over 60,000 killed in often-macabre fashion. Throughout the conflict Mexican civilians have entrusted the defeat of the drug trafficking organizations to the Government, rather than attempting to directly counter the activities of the traffickers. It is a small detail, but an important one, signifying a continued belief in the ability of the Mexican state to provide protection.

However, that trust seems to be fraying. Informal yet heavily armed self-defense groups have arisen in 13 of Mexico’s 31 states, intent on protecting their communities from the traffickers. The self-defense group movement has achieved its greatest success in Michoacán, where the groups have sought to actively eject trafficking groups from the towns and areas that they control.

Heavily armed drug traffickers have long menaced Michoacán state, situated in the west-center of Mexico. Groups such as La Familia Michoacána and Los Caballeros Templarios have built up small empires in the hills, producing and smuggling meth, even while they have burrowed into the political structure of the state. The groups have billed themselves as protectors of Michoacán’s population, even while they have sought to control and profit from it. However, resentment of the trafficking groups reportedly runs deep, propelled by an increasingly predatory approach by Los Caballeros Templarios (LCT), the dominant group, to the areas under its control. LCT reportedly levies taxes on a host of commercial and agricultural activity, tactics more commonly associated with the Los Zetas DTO. Those who refused to pay risked injury or death.

The predatory terror of the LCT proved deeply unpopular in Michoacán, helping to spark the emergence of self-defence groups in 2011. Since that point both the membership and geographic scope of the groups has grown. Some groups have conducted offensive operations, seeking to eject LCT from the towns that it still controls. While the activities of the self-defense groups have proven popular, the groups have also been dogged by allegations that they are affiliated with drug trafficking organizations. Significantly, Jalisco’s New Generation Cartel, a fierce rival of LCT, has been accused of arming some of the self-defense groups.

While many in Michoacán have lauded the emergence of the self-defense groups, the existence of unofficial militias in control of large swaths of the state is unacceptable for the Mexican state. It has responded both by flooding Michoacán with military and federal police forces, as well as announcing the incorporation of some groups into the Government’s existent rural self-defense corps. While this fix is more politically palatable than either trying to disband the groups or ignoring them, it also sets up a future challenge, leaving the government responsible for the actions of minimally trained, and un-vetted groups of armed men. While the self-defense groups current seem to enjoy support in Michoacán, public opinion is fickle. Brutality or predatory activity on the part of the groups could well lead to a public backlash.

More broadly, the self-defense groups could well transition from public minded vigilantes to profit seeking drug traffickers. The space controlled by the groups is valuable territory for drug production and trafficking. If the LCT is unable to militarily defeat the groups, it is likely they, or another DTO, will attempt to financially co-opt them. From there, the distance to full-scale engagement in the drug trade may be perilously small. It is worth remembering that La Familia Michoacána emerged from a traditional of local self-defense forces, before moving into the drug trade. The evolution of the self-defense groups in Mexico is certainly an issue to be watched closely are carefully.

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Justicia por mano propia: los grupos de autodefensa en Michoacán

La línea que separa la guerra contra las drogas de la guerra civil en México es cada vez más delgada. Durante los últimos seis años, la violencia ha enfrentado a las bandas narcotraficantes entre sí y contra las fuerzas del estado. El resultado ha sido un horroroso baño de sangre con un número de asesinatos, en ocasiones macabros, que asciende a 60.000. A lo largo del conflicto, los ciudadanos mexicanos le han encomendado al Gobierno la tarea de pelear contra las organizaciones narco en lugar de intentar neutralizar sus actividades ellos mismos. Es un detalle pequeño pero importante que significa que el pueblo tiene una confianza continua en la habilidad del gobierno mexicano de garantizar protección.

No obstante, esa confianza parece estar desgastándose. En 13 de los 31 estados mexicanos, se ha observado un aumento en el número de grupos de autodefensa informales pero altamente armados enfocados en proteger a sus comunidades de la violencia de los narcos. Este movimiento de autodefensa ha alcanzado su mayor triunfo en Michoacán, en donde estos grupos han intentado activamente expulsar a las organizaciones narcotraficantes de las ciudades y zonas bajo su control.

El estado de Michoacán, situado en el noroeste de México, se ha visto amenazado por mucho tiempo por carteles con gran artillería. Grupos como “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios” han construido pequeños imperios en las colinas, produciendo y comercializando metanfetamina, e incluso han escarbado en la estructura política del estado. Los grupos se han promocionado a ellos mismos como protectores de la población de Michoacán, incluso cuando han intentado ejercer control y sacar provecho de ella. De todos modos, parece que el resentimiento de los carteles narco es profundo, impulsado por una estrategia cada vez más agresiva de Los Caballeros Templarios (LCT), la organización dominante, sobre las regiones que están bajo su control. Supuestamente, LCT aplican impuestos sobre varias actividades comerciales y agrícolas, una táctica que está comúnmente asociada con la organización de Los Zetas. Quien se rehúse a pagar, puede resultar herido o ser asesinado.

El poder depredador de LCT fue ampliamente rechazado en Michoacán y colaboró en el surgimiento de los grupos de autodefensa en 2011. Desde ese momento, los grupos crecieron tanto en cantidad de miembros como en alcance geográfico. Algunos han montado operaciones ofensivas con miras a expulsar a LCT de las ciudades que aún controlan. Si bien las actividades de los grupos de autodefensa han tenido un buen recibimiento, el grupo ha sido perseguido por alegatos que los involucran con organizaciones narcotraficantes. Particularmente, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, un feroz rival de LTC, ha sido acusado de armar a algunos de los grupos de autodefensa.

Mientras que muchos en Michoacán han elogiado el surgimiento de estos grupos, la existencia de organizaciones paramilitares con control sobre grandes franjas del estado es inaceptable para el país. En respuesta, el gobierno mexicano ha inundado Michoacán con fuerzas militares y policiales, al mismo tiempo que ha anunciado la incorporación de algunos grupos en los actuales cuerpos rurales de autodefensa del gobierno. Si bien esta medida es más políticamente agradable que intentar desintegrar los grupos o ignorarlos, también instala un desafío futuro, haciendo al gobierno responsable de las acciones de grupos armados de hombres con mínimo entrenamiento y sin acreditación. Si bien la corriente actual de grupos de autodefensa parece sólo gozar de apoyo en Michoacán, la opinión pública es variable. Cualquier actividad cruel o violenta cometida por parte de estos grupos podría bien provocar una respuesta negativa de la comunidad.

Hablando de manera generalizada, los grupos de autodefensa podrían también pasar de ser justicieros o protectores del pueblo a buscar ganancias en el tráfico de drogas. La franja controlada por los grupos es un territorio valioso para la producción y el tráfico de estupefacientes. Si Los Caballeros Templarios son incapaces de derrotar militarmente a los grupos, es probable que ellos, o cualquier otra organización narcotraficante, intenten sobornarlos. Desde ese punto, la distancia a una plena participación en el narcotráfico puede ser peligrosamente corta. Vale recordar que La Familia Michoacana surgió de unas fuerzas tradicionales de autodefensa antes de involucrarse en el tráfico de estupefacientes. Definitivamente, la evolución de los grupos de autodefensa en México es un asunto para observar de cerca y con cuidado.