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In November, the Libyan cities of Tripoli, Benghazi and Misrata saw violent clashes between militia groups, leaving hundreds dead and many seriously wounded. International analysts have extensively focused on militias as licit actors in the political process. However, this has obscured the fact that many of the armed groups maintain deep roots in Libya’s illicit economy, financing themselves through trafficking and smuggling, and conflict is often driven by the desire to control strategic routes and infrastructure.

A new study “Profits and Losses: Illicit Trafficking and Libya’s Economy” authored by GI Director Mark Shaw, published by the United States Institute of Peace, draws from over 200 interviews across the country, including along the conflict-ridden southern border. It concludes that criminal activity and illicit resources which, under the Qadaffi regime were predominantly a state-controlled dimension of the economy, have since become a major driver conflict, and serve as a divisive centrifugal force to the Libyan state’s efforts to achieve central consolidation. On the one hand, the profits from illicit activities attract those who need to pay to secure political influence. On the other hand, engagement in criminal activities further disenfranchises those who have little political influence and need distance from the state to continue their activities – in particular, nomadic tribes such as the Tabu and the Touareg, who have been the source of much of the conflict in Northern Mali. Without outreach to engage them in the ongoing political transition, illicit trafficking instead disenfranchises them further from on-going efforts to build state influence and develop key institutions, as their livelihood benefits more from a weak state than a strong one.

hierarchy of commodities

The report identifies four major criminal flows: arms, migrants, illicit commodities, and drug trafficking, which are driving the illicit economy in Libya.  The urban hubs of Tripoli, Misrata and Benghazi are vibrant criminal markets, where demand for illicit commodities – in particular prescription drugs – is growing. The cities also house infrastructure critical to both the licit and illicit trade (ports and airports), and as such they are flashpoints for competition and control over resource flows. At the periphery, conflict in border communities is driven by competition over illicit resources, and the capacity to provide or guarantee protection for illicit transit trade has become a major lever for influence.

A number of studies, including by the Center for International Cooperation, Brookings, International IDEA, and the subject of an upcoming ODI conference, have shown that often it is in the process of shifting from an authoritarian to a multi-party democratic regime that a country is most vulnerable to the corrupting influence of organized crime in the political process. While many Libyan leaders concede that criminal activity and organized crime are already key challenges for the transition, the majority argue that they can only be dealt with later, when the state is consolidated, and the transitional political process has run its course. By contrast, this report demonstrates that organized criminal behavior, illicit trafficking and trade, and the armed groups that profit from them, are already harming the transition – empowering some actors over others, generating potentially intractable resource conflicts, and weakening the capacity of the central state, by limiting its reach and by corrupting its key institutions – at a time when a key requirement is to consolidate institutions of statehood. Continuing to view the rising conflict levels in Libya as purely politically motivated will ignore underlying economic drivers, and ensure that stability, the rule of law and democracy remain elusive.

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Ganancias y Pérdidas: ¿Es el control sobre recursos ilícitos lo que está motivando la violencia de la milicia en Libia?

En noviembre, los violentos enfrentamientos entre las milicias en las ciudades libias de Trípoli, Bengasi y Misurata dejaron cientos de muertos y varios heridos de gravedad. Analistas internacionales se han concentrado ampliamente en las milicias como actores lícitos en el proceso político. No obstante, se ha descuidado el hecho que muchos de los grupos armados mantienen raíces profundas en la economía ilícita de Libia -se financian a sí mismos del tráfico y el contrabando, y los conflictos suelen ser impulsados por el deseo de controlar rutas e infraestructura estratégicas.

Un nuevo estudio titulado “Profits and Losses: Illicit Trafficking and Libya’s Economy” escrito por el Director de GI, Mark Shaw, y publicado por United States Institute of Peace fue realizado a partir de más de 200 entrevistas en todo el país, incluyendo las zonas en la frontera sur afligidas por el conflicto. El informe concluye en que la actividad criminal y los recursos ilícitos que, bajo el régimen de Gadafi eran una dimensión de la economía controlada principalmente por el estado, se han convertido en el principal motor del conflicto y constituyen una fuerza divisiva y centrífuga para los esfuerzos del estado libio en alcanzar una consolidación central. Por un lado, las ganancias provenientes de las actividades ilícitas atraen a aquellos que necesitan pagar para conseguir influencia política. Por el otro, la participación en actividades clandestinas saca del proceso político a aquellos que tienen poco potencial de influencia y necesitan distancia del estado para continuar con sus actividades –en particular tribus nómades como Tabu y Touareg, que han sido la razón de muchos de los conflictos en el norte de Mali.  Sin el compromiso de hacerlos participar en las transiciones políticas en curso, el tráfico ilícito los saca aún más de los esfuerzos continuos en crear influencia estatal y desarrollar instituciones clave, ya que su subsistencia se beneficia más de un estado débil que de uno fuerte.

El informe identifica cuatro flujos delictivos principales: armas, migrantes, commodities ilícitas, y narcotráfico, que son los impulsores de la economía ilícita en Libia. Los centros urbanos de Trípoli, Misurata y Bengasi son mercados clandestinos vibrantes, en donde la demanda de commodities ilícitas –en particular la de medicamentos bajo receta – está en ascenso. Las ciudades también albergan la infraestructura crítica para el comercio tanto lícito como ilícito (puertos y aeropuertos), y como tales son detonantes para la competencia y el control de los flujos de recursos. En la periferia, los conflictos en las comunidades fronterizas son impulsados por la competencia sobre recursos ilícitos, y la capacidad de brindar o garantizar protección para el comercio ilícito en tránsito se ha transformado en una importante palanca de influencia.

Una serie de estudios, incluidos los del Center for International Cooperation, Brookings, International IDEA, y el tema central a discutir en la próxima conferencia del Overseas Development Institute (ODI), han demostrado que a menudo es durante el proceso de cambio de un régimen autoritario a uno democrático multipartidario cuando un país se encuentra más vulnerable a la influencia de las organizaciones criminales en el proceso político. Si bien muchos líderes libios admiten que las actividades ilícitas y la delincuencia organizada ya son desafíos clave para la transición, la mayoría sostiene que sólo pueden lidiar con estos problemas más adelante, cuando el estado esté consolidado y el proceso de transición política haya concluido. Por otro lado, el informe demuestra que la delincuencia organizada, el tráfico y el comercio ilícito, y los grupos armados que de ello se benefician, ya están dañando la transición –fortaleciendo a algunos actores por sobre otros, generando conflictos sobre los recursos potencialmente inextricables, y debilitando la capacidad del estado central a través de la limitación de su poder y de la corrupción de las instituciones más importantes –en un momento en el que la principal exigencia es consolidar instituciones de categoría estatal. Si se sigue observando al alza en los niveles de conflicto en Libia como un asunto motivado puramente por razones políticas, se pasarán por alto las raíces económicas del problema y la estabilidad, la ley y la democracia serán difíciles de conseguir.

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