In Analyzing Organized Crime, Government, development & state fragility, Publications, Violence Fragility

Abajo en español.

Organised crime has emerged as a major factor that exacerbates violent conflict and state fragility. It also has a significant destabilizing impact on peacebuilding and statebuilding. As was pointed out in the opening paragraph of the UK Building Stability Overseas Strategy (BSOS) paper, “when violent conflict breaks out, the costs to the country and the international community are enormous. Lives are lost, people displaced, trade links cut, and organised crime groups or terrorists are given an opportunity to take root, exacerbating instability.”

Criminal networks and activi­ties fuel violent conflict, finance terrorists and militias, and complicate conflict resolution and post-conflict reconstruction. Illicit networks span continents, yet they often thrive in conflict-affected and post-conflict states by taking advantage of illicit opportunities to entrench their economic, political and social influence through corruption, rent-seeking, predation and criminal gover­nance. The reality is that the threat from external actors such as transnational armed groups and organised crime gangs is increasing. This fact, is also evident in the fourfold increase in the number of United Nations Security Council resolutions and statements that contain references to organised crime over the past decade.

Notwithstanding increasing levels of concern among national governments and international organisations with respect to the links between organised crime and conflict, much remains to be understood about the nature, extent and implications of the connectivity between the two. Analytical capacities within governments and institutions such as the United Nations are weak or insufficiently tailored to deliver multi-dimensional integrated responses. Operational tools are often inadequate, siloed, and there is an insufficient understanding of what works and what doesn’t to reduce the growing impact of organised crime on conflict. This gap, at a time when the demand for multinational (often UN-led) peace operations is at an all-time high, poses significant risks for the effectiveness of what has become the ‘world’s go-to tool’ to manage crises and prevent violence.

The Global Initiative was pleased to contribute to a collaborative research series on the Crime-Conflict Nexus coordinated by the United Nations University  Centre for Policy Research (UNU-CPR) funded by UK aid from the UK government.   This series developed case study and thematic papers to answer three key questions:

Understanding the impact of global illicit flows on local conflict dynamics:

Determining when criminal agendas undermine peace and when these actors can be motivated to support it:

Developing strategies to prevent and limit the growth of political-criminal alliances in post-conflict settings:


Explorando el nexo entre delincuencia y conflicto

La delincuencia organizada ha emergido como un factor clave que exacerba el conflicto violento y el estado de fragilidad, y tiene un impacto desestabilizador considerable sobre la construcción de la paz y el estado. Tal y como se señala en el párrafo inicial del documento sobre la Estrategia de Construcción de Estabilidad en el Exterior (BSOS) del Reino Unido, “cuando el conflicto violento aparece, los costos para el país y la comunidad internacional son enormes. Se pierden vidas, se desplazan personas, se cortan lazos comerciales, y se le da una oportunidad a la delincuencia organizada y a los grupos terroristas para echar raíces, exacerbando así la inestabilidad”.

Las redes criminales y la actividad delictiva alimentan los conflictos violentos, financian a terroristas y milicias, y complican la resolución del conflicto y la reconstrucción subsiguiente. Las redes ilegales atraviesan continentes, pero suelen beneficiarse de estados en conflicto o en período post-conflicto, sacando provecho de oportunidades ilícitas para consolidar su influencia económica, política y social a través de la corrupción, la búsqueda de rentas, la depredación y la infiltración criminal en gobiernos. La realidad muestra que la amenaza de actores externos, como grupos transnacionales armados y bandas criminales organizadas, es cada vez mayor. Esto también se evidencia en el cuádruple aumento en el número de resoluciones y declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU que contienen referencias a la delincuencia organizada durante la última década.

A pesar de la creciente preocupación entre los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales sobre los nexos entre delincuencia organizada y conflicto, aún queda mucho por comprender sobre la naturaleza, el grado y las implicaciones de la conexión entre ambos. Las capacidades analíticas dentro de gobiernos e instituciones como las Naciones Unidas son pobres o no están lo suficientemente preparadas para ofrecer respuestas integradas y multidimensionales. Las herramientas operacionales suelen ser inadecuadas y no se termina de comprender lo que funciona y lo que no con respecto a cómo reducir el impacto creciente de la delincuencia organizada sobre el conflicto. Esta brecha, en un momento en el que la demanda internacional de operaciones de paz (generalmente dirigidas por la ONU) es más alta que nunca, pone en riesgo la efectividad de lo que se ha convertido en la herramienta mundial predeterminada para administrar crisis y evitar la violencia.

Para la Iniciativa Global fue un placer contribuir en una investigación colaborativa sobre el nexo entre delito y conflicto, coordinada por el Centro para la Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CPR) financiado con ayuda del gobierno del Reino Unido. Esta serie desarrolla casos de estudio y documentos temáticos en miras a responder tres preguntas clave:

Comprender el impacto de los flujos ilícitos mundiales sobre las dinámicas del conflicto:

Determinar cuándo las agendas criminales socavan la paz y cuándo estos actores pueden verse motivados a apoyarla:

Desarrollar estrategias para evitar y limitar el crecimiento de alianzas político-criminales en situaciones de post-conflicto: